La jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori presidió ayer una audiencia en la que vecinos de la Villa 31, la ONG Observatorio de Derechos Humanos (ODH), el legislador opositor Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), un perito de la Justicia y un abogado de la Procuración evaluaron la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad en dos casos de muerte por electrocución ocurridos este mes en la Villa 31, el asentamiento de 50 mil habitantes del barrio porteño de Retiro. La intervención judicial surgió a raíz de la muerte de Gustavo Maldonado, un operario de una cooperativa contratista de la Ciudad, y de Martín Genaro Chipana Flores, de 44 años, vecino de la manzana 35.