Desde Montevideo

Lo primero que dijo Santa Gladys Lemos al ver al enfermero Marcelo Pereira fue “¡qué morochón-dongo!”. Lo recuerda Rougen, la hija mayor de Gladys, que no quiere hablar porque está “muy dolida aún”, como confirma su hermana Miriam. “Le dijo que era simpático. Lo vio una vez en la cuarta o quinta noche que estuvo internada. Después me vengo a enterar que apagaba las luces y les hacía el gesto de silencio a los pacientes, antes de inyectarlos y matarlos”, dice Miriam. Su madre murió el mismo día en que le daban el alta en el Hospital Maciel, el 12 de marzo pasado, y por ese hecho los investigadores uruguayos detuvieron a Pereira y luego a Ariel Acevedo. Ellos son los dos enfermeros acusados de homicidio agravado por el fallecimiento de quince personas, cinco en el Maciel y diez en la Asociación Española.

Según relata Miriam, su madre no se internaba desde hacía veinte años, cuando le detectaron una diabetes. Cada mes concurría al hospital para su control y tenía, a los 74 años, una vida activa e independiente junto a su marido Ercilio, luego de jubilarse como empleada doméstica. Santa Gladys y Ercilio vivían en la parte de atrás de la casa de Miriam, en el Cerrito de la Victoria, un barrio obrero de Montevideo. Esta semana pasó por allí el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, la policía, la prensa nacional y extranjera.

Esta internación fue el primer día de marzo, por una convulsión. Miriam dice que desde el comienzo hubo maltratos. Una mujer de la Cooperativa Cosac, que oficiaba de cuidadora durante la primera semana, le dijo que no aguantaba más a su madre. “Que estaba loca y el enfermero le daba la razón, pero el médico decía que no era una paciente psiquiátrica”, recuerda. Su madre se quería ir a casa y lo decía cada una de las noches que estuvo internada. “A mí nadie me manda, tengo 74 años”, les decía a sus hijas, cuando le insistían para que se quedara internada. Y Santa Gladys al final accedía.

El día del alta se notaba cierto hartazgo en una enfermera que quería bañarla. “La llevó a la rastra, la duchó con una regadera, sentada en una silla medio rota, y al final la dejó sola en el baño, mojada. Mi padre la terminó de bañar y la secó”, asegura Miriam. Como no podían estabilizarle la diabetes, agrega, el alta no llegaba. Al mediodía se derrumbó. “El médico dijo: ‘Llévese a su papá, que su mamá está muy mal’”, dice ella, sentada en el comedor de su casa, acompañada de su hermana Margot. Lo que siguió, puertas adentro, es materia de investigación judicial.

“A la tarde salen y me dicen que estaba bien, que se estaba recuperando. Que estaba hablando y ubicada en tiempo y espacio. Media hora después, estaba grave de nuevo y fallecía”, resume Miriam. Hace una semana le confirmaron las sospechas que ya pesaban sobre Marcelo Pereira: el simpático morochón-dongo le había inyectado algo, según él morfina, y “no con el fin de matarla, sino con el fin de sedarla”. Esta sustancia le habría provocado un paro respiratorio, aunque los forenses le explicaron que el desencadenante fue lidocaína, que le aplicaron para reanimarla.

“Si hubiese estado tan grave, hubiéramos querido que siga hasta el final en el hospital o traerla a casa y cuidarla nosotros. Pero el forense no dice que murió de trombosis, dice que podía haber vivido con tratamiento un tiempo más”, dice Margot. Las hermanas fueron la cara de los familiares de las víctimas y recibieron al ministro de Salud el martes pasado. “Al hombre, no al ministro que tiene muchas presiones, lo vi sincero. Lo sentí en su abrazo”, dice Miriam. “El ministro no es culpable por los ineptos que la atendieron. Si me toca atenderme en el Maciel voy a ir, porque confío en la salud pública”, agrega.

De hecho, su padre Ercilio se fue atender a ese hospital el jueves, sin avisarles a ellas para que lo acompañaran. “Fue a hacerse un análisis cardiológico de rutina. Me avisó alguien del hospital”, dice. La muerte de su madre no fue por piedad, asegura, “fue por soberbia”. La declaración judicial de Pereira lo confirma. “Mi error fue haberlo administrado sin autorización médica”, dijo sobre las inyecciones de Dormicum y morfina, la que, según él, utilizó al ver “el sufrimiento de la gente”.

Encubierto

Ningún policía del Departamento de Crimen Organizado le supo responder a Miriam si era necesario que su madre muriera para que detengan a Pereira. Fue por secreto profesional, pero ella tampoco comprende por qué de, quince familias afectadas, sólo una respondió a la convocatoria y unas pocas aceptaron hablar públicamente. “¿Algunas muertes habrán sido consentidas por los familiares? Es algo que recién empiezo a pensar ahora”, dice. Fuentes del Ministerio del Interior uruguayo informaron a este diario que no hay constancias en el expediente sobre este punto.

A partir de la muerte de Lemos, el juez Rolando Vomero, que en enero desestimó el pedido de la policía para pinchar teléfonos de los enfermeros, libró una orden de detención para Pereira, que llevaba una valija con Medicum y otros fármacos al momento del arresto, el 16 de marzo. Su celular fue clave para que, mediante un mensaje escrito a la enfermera Andrea Acosta, se confirmara otra pista: Ariel Acevedo, colega de Pereira en la Asociación Española, había terminado con la vida de José Alberto Coll Bianchi, fallecido en diciembre.

“Ellos reconocieron cada uno lo que habían hecho a partir de las fotos de las historias clínicas que les mostramos. Sabemos que el juez Vomero va a exhumar algunos cuerpos ahora, pero es muy difícil probar las muertes más allá de las que confesaron”, indicó una fuente del Ministerio del Interior. Acevedo, a diferencia de Pereira, mostró arrepentimiento, admitió que jugó “a ser Dios” y aclaró que no fueron pacientes elegidos al azar, sino en etapa terminal. Su abogada, Inés Massiotti, advirtió que en algunos casos se contó con la venia médica. “No nos consta”, respondió la fuente ministerial.

Desde el viernes, el juez y el fiscal Diego Pérez comenzaron una ronda de interrogatorios a los encargados de la farmacia de la Asociación Española, donde obtuvo Pereira la morfina y el Dormicum. Acevedo dijo que su técnica era inyectar aire, lo que provoca embolia pulmonar. También están en la lista el director del Hospital Maciel, Raúl Gabus, su subdirectora, Laura Píriz, y el jefe de la Unidad de Cardiología, José Pedro Patritti.

Todavía no están citadas las autoridades de la Asociación Española, una de las mutuales más importantes del país, donde atienden entre otros al ex presidente Tabaré Vázquez. En este momento hay una especie de corrida bancaria en ese centro asistencial, y por ahora se permitirá que los pacientes internados en áreas críticas puedan, si lo desean, cambiarse de mutual para descomprimir la situación. Mientras tanto, la junta médica encargada de filtrar las denuncias revisará 250 de los 600 casos que llegaron a la policía, que comenzó a investigar de encubierto por los pasillos del Maciel.

El plano político es incierto. La oposición reclama que renuncie el ministro de Salud y destaca que su par del Interior, Eduardo “El Bicho” Bonomi, sabía desde enero sobre el asunto y nunca avisó. “Mentira, se enteró hace una semana y de inmediato contactamos a Venegas. Es imposible que sepamos todo lo que está haciendo o investigando la policía”, retrucaron en la cartera de Bonomi. El otro punto es la falla u omisión de controles, que también es motivo de investigación judicial, aunque el gobierno insiste en que se trató de un hecho aislado, imposible de prever.

En el medio quedó la desconfianza de toda la sociedad. Mario De León, integrante del Movimiento de Usuarios de la Salud, dijo haber recibido más de 500 inquietudes de pacientes y familiares en la última semana. “Refieren a dificultades de acceso a las historias clínicas, deficiencias en el servicio y un bajísimo porcentaje a muertes dudosas”, aclaró. Miriam, la hija de Santa Gladys, espera que lo que le ocurrió a su madre sirva para mejorar la atención de todos los pacientes en los hospitales: “Y por favor, que los buenos médicos no tienen por qué pagar lo que hicieron dos atrevidos sinvergüenzas”.

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