Más de 80 personas desalojadas del hotel familiar de Constitución pasaron ayer su tercera noche a la intemperie, al no aceptar irse a paradores o recibir subsidios del gobierno porteño, mientras se resuelve la apelación presentada ante la Justicia. “Ellos no tuvieron derecho a la defensa, no fueron notificados del desalojo, directamente vinieron en forma violenta y los sacaron sin sus pertenencias. Por eso pedimos que mientras se revea la medida se los deje ingresar a sus viviendas”, dijo ayer María Reta, abogada de los inquilinos. También informó que el hotel estaba clausurado desde 2010 y funcionaba ilegalmente.