Por unanimidad, el jury de enjuiciamiento de La Pampa resolvió iniciar un juicio político al juez Carlos Flores por firmar la sentencia que otorgó el avenimiento a un hombre de General Pico, de 26 años, acusado de violar a su ex pareja, de 19, un caso que tuvo amplia repercusión por su trágico desenlace: una semana después de salir de prisión, Marcelo Tomaselli asesinó a la víctima de la violación, la adolescente Carla Figueroa.

La arcaica figura del avenimiento fue derogada del Código Penal en marzo, como consecuencia del asesinato de Carla.

El lunes los integrantes del jury decidieron avanzar con el juicio político contra Flores. Ahora, el procurador general de la provincia, Mario Bongianino, tiene un plazo de seis días para realizar la acusación. La denuncia contra Flores por “la posible comisión de una actuación negligente, de mal desempeño de sus funciones”, fue promovida por la Cámara de Diputados de la provincia. “Se resolvió hacer lugar a la denuncia y abrir la causa a juicio, teniendo en cuenta que no fue del todo clara ni convincente la declaración que hizo el doctor Flores cuando vino ante el jurado, por eso consideramos que es conveniente abrirlo y poder investigar con mayor amplitud el tema”, explicó Eduardo Fernández Mendía, integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y miembro del jury de enjuiciamiento. El cuerpo está conformado además por los diputados Martín Berhongaray (Frepam) y María Silvia Larreta (Partido Justicialista) y los abogados Sergio Escudero y Ana Mariela Bonaveri.

Según detalló Berhongaray, tras la acusación del Procurador, será el turno de la defensa. Lo que no se definió todavía es si Flores será apartado o no de su cargo mientras dure el proceso. Luego de la denuncia en su contra, Flores pidió licencia.

La Cámara de Diputados pampeana también denunció al otro juez que avaló el avenimiento, Gustavo Jensen, pero el proceso fue desestimado debido a que el magistrado se jubiló tras el escándalo por el homicidio de la joven y el jury consideró que el juicio político sería abstracto. Carla fue asesinada el 10 de diciembre, delante del hijo que había tenido con Tomaselli, en la casa en la que hacía apenas ocho días habían vuelto a convivir con su violador.

Flores y Jensen integraban el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa, que concedió el beneficio que extinguió la acción penal contra Tomaselli, a pesar de que en instancias anteriores, cuatro jueces y dos fiscales advirtieron con argumentos contundentes que Carla no estaba en condiciones de dar un consentimiento “libre y pleno” para solicitar el avenimiento y liberar así a su victimario. Los tres magistrados de la Audiencia de Juicio de General Pico que negaron por unanimidad el pedido, en primera instancia, el 4 de octubre, los fiscales Ivana Hernández y Alejandro Gilardenghi, que intervinieron en la investigación penal, y Pablo Balaguer, el único juez del Tribunal de Impugnación que votó en contra, entendieron que se trataba de una estrategia de la defensa, pergeñada por el abogado Armando Agüero, el penalista más mediático de General Pico, y que la joven –con una historia familiar atravesada por la violencia machista– estaba siendo manipulada, tal como informó oportunamente Página/12.