El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, envió ayer a la Legislatura un proyecto de ley para que la Justicia provincial pueda intervenir en delitos menores relacionados con el tráfico de drogas, reservados al fuero federal. Según los argumentos de la iniciativa, “se busca incrementar la capacidad de respuesta contra el flagelo del narcotráfico, contando de esta manera con todo el sistema de investigación y juzgamiento provincial al servicio de la persecución de este tipo de actividades delictivas”. El proyecto también prevé crear el llamado Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, integrado por un juzgado de control y tres fiscalías de instrucción. Hasta el momento, sólo la provincia de Buenos Aires desfederalizó estos delitos.

“La realidad actual de Córdoba en materia de lucha contra el narcotráfico se circunscribe a la aislada intervención de la policía de la provincia, en cooperación con la escasa presencia e intervención de las fuerzas federales de seguridad con asiento en la jurisdicción”, evaluó De la Sota. Su proyecto propugna la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional 26.052, de 2005, que estableció la posibilidad de que las provincias “opten por asumir competencia (jurisdiccional) cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”.

El ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes, aseguró que esta propuesta permitirá investigar “la venta al menudeo de drogas y nos va a permitir satisfacer la demanda de la gente en cuanto a poder cerrar los denominados ‘quioscos’”. De la Sota subrayó que “buena parte de los magistrados y funcionarios federales ha reconocido la escasez de medios que le permitan implementar y sostener acabadamente y sin fisuras una acción eficaz en todo el territorio provincial, lo que genera en la sociedad un estado de indefensión”.

El mandatario también aseguró que la distancia entre las sedes judiciales federales y las localidades afectadas por el tráfico de sustancias ilegales desalienta la denuncia y el accionar policial. El fuero especial para estos delitos incluye al Centro Judicial Capital –con jurisdicción en Córdoba Capital, Carlos Paz, Río Segundo, Jesús María y Alta Gracia–, un juzgado de control y tres fiscalías de instrucción. En el resto de los centros judiciales de la provincia “intervendrán los demás órganos actualmente existentes” en materia penal.

“¿La Justicia cordobesa va a responder al incremento de causas a tiempo para que no haya más personas con prisión preventiva que con sentencias firmes? ¿Y el sistema penitenciario provincial va a soportar el crecimiento geométrico de presos y presas como ocurrió en Buenos Aires?”, se preguntó ayer el juez Martín Vázquez Acuña.