Un testigo complicó al ex subsecretario de Seguridad porteño Enrique Carelli, uno de los cinco imputados en el segundo juicio por la tragedia de Cromañón, al asegurar que éste “tenía contacto con la policía y podía convocarla” para controlar el boliche que terminó incendiado. El testimonio contradijo los dichos de Carelli, quien hace 10 días, durante la primera audiencia de este debate oral, afirmó que no había clausurado Cromañón, a pesar de las serias irregularidades al momento del siniestro, porque “no tenía facultad alguna”.

El testigo Marcelo Gustavo Antuña declaró ayer en la segunda audiencia del juicio que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 porteño lleva a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) en los Tribunales de Comodoro Py. Antuña, el primero de los seis testigos que se presentaron a declarar, ejercía el cargo de subsecretario de Justicia de la Ciudad en la época en que ocurrió la tragedia –que provocó la muerte de 194 personas–, el 30 de diciembre de 2004. Su puesto dependía del área de otro de los imputados, el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López.

Antuña relató que junto a Carelli programaban operativos de control sorpresivos a eventos y lugares considerados de riesgo en la noche porteña. Recordó una ocasión en que efectuaron controles sobre los denominados “trencitos de la alegría”, en los que se trasladaban los jóvenes a los boliches en los que festejarían su fiesta de egresados, y relató cómo la presencia policial necesaria para el operativo estuvo a cargo de Carelli.

“Carelli tenía contacto con la policía y podía convocarla”, dijo el testigo, en lo que significó una contradicción con lo que declaró el imputado. Además, Antuña dijo que “el tema de boliches bailables le preocupaba” a López y que su directiva en ese sentido era clara: “El mayor control posible”.

Tanto Antuña como los testigos Miguel Angel Echeverría, Lautaro Erratchu, Juan Pablo Galera y Eugenio Capilouto fueron solicitados por la defensa de López y hoy coincidieron en que era un “excelente organizador” o “generador de cambios muy profundos”.

Galera, por ejemplo, destacó que estuvo encargado por López de poner en marcha la informatización del sistema de inspecciones a locales en Capital Federal, entre los que figuraban los boliches bailables como Cromañón, para lograr hacer controles más efectivos. “Nunca se dejó de intentar inspeccionar, sino que el inspector hiciera todo lo que tenía que hacer”, dijo Galera. El proyecto, aclaró, se plasmó dos años después de la tragedia.

En el juicio también están imputados el ex director de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Rizzo; el dueño del local donde funcionaba el boliche, Rafael Levy, y el ex comisario de la seccional 7ª Gabriel Sevald. La acusación más grave pesa sobre Levy, procesado como coautor de estrago doloso agravado por la muerte de personas en concurso real con cohecho activo: el primer delito tiene una pena de entre 8 y 20 años de cárcel y el segundo de uno a seis.

A Sevald se lo acusa de cohecho, y a López, Rizzo y Carelli, de ser coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que prevé hasta dos años de prisión.