Tres policías bonaerenses de Olavarría fueron detenidos por lo que habitualmente se suele definir como apremios ilegales, y que en el cuerpo y la memoria de los apremiados siempre aparece como torturas. Todo empezó cuando llevaron detenido a Diego González del interior de un campo de golf donde había abandonado su rol de caddie y se había desparramado en el césped por ebriedad. Por ese motivo lo detuvieron y en la Comisaría 1ra le pidieron dinero y como no lo tenía le arrojaron agua hirviendo y lo golpearon mientras estaba sujeto por esposas al piso. Al día siguiente lo soltaron con el 30 por ciento del cuerpo quemado.

El sábado 12 de mayo, Diego González acompañó a su tío al golf del club Estudiantes de Olavarría como caddie para participar en un torneo. Pero su estado de ebriedad era tal que simplemente quedó tendido en el césped, sobre un pasillo junto a la secretaría del club. Desde la secretaría pidieron a la vigilancia privada que lo retirara después de infructuosos esfuerzos del tío y otros presentes.

La vigilancia privada llamó a la 1ra de Olavarría y ocurrió lo que suele ocurrir: levantaron un acta contravencional y lo llevaron detenido a la seccional, donde quedaron dueños de la situación. Las primeras preguntas a González fueron dando la pauta de que el acta contravencional había sido una excusa: según la denuncia, le empezaron a pedir plata para dejarlo salir, le decían que la tenían que repartir entre los tres uniformados y lo empezaron a golpear.

–¿Qué plata? –preguntaba González–. No tengo nada de plata.

Y escuchaba que por detrás uno de los uniformados le decía a otro: “‘Calentá agua y echale que éste va contar dónde tiene la plata’, y me entraron a tirar con una cafetera agua, agua y agua, y me pegaban”, decía González en su denuncia. De la cintura para abajo, González sufrió quemaduras en toda la piel.

Si la tortura –porque se encontraba esposado, a merced de la voluntad de los funcionarios públicos, que intentaban extraerle información arrojándole agua hirviendo y dándole golpes, aunque no se pueda descartar cierto goce al quemar al indefenso– empezó a media tarde, a la medianoche lo trasladaron al Hospital Municipal de la ciudad donde un médico de la maternidad atendió al supuesto infractor sin demasiados elementos y recomendó a los policías que lo trasladaran a la guardia para su curación.

A la guardia lo trasladaron, pero de la comisaría, porque González fue subido de nuevo al patrullero y puesto entre rejas dolorido como estaba, hasta el día siguiente a las dos de la tarde. Recién en ese momento lo soltaron.

González fue derivado inmediatamente al hospital, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Tenía el 30 por ciento del cuerpo con quemaduras muy dolorosas en las piernas, glúteos, brazos, cuello, genitales y ano. Además de que sufría en el pecho las secuelas de los golpes.

La investigación recayó en la fiscal 7 de Olavarría, Susana Alonso. Dos días después, con las primeras informaciones en el periodismo local, la difusión aceleró los trámites policiales. Recién entonces desde La Plata el Ministerio de Seguridad a cargo de Ricardo Casal solicitó las carpetas del caso. La primera actuación fue pasar a disponibilidad en forma provisoria a dos agentes que debían estar cumpliendo guardia en el momento en que a González lo torturaban, pero no estaban o dijeron que no estaban. El viernes pasado, el juez de Garantías Carlos Villamarín aceptó los tres pedidos de la fiscal para detener a Néstor Rodríguez, Nicolás Manuel y Edgardo Constancio, los tres bonaerenses denunciados en primera instancia por González.

Los tres uniformados quedaron detenidos, se negaron a declarar y fueron trasladados a la unidad penal de General Alvear.

El caso provocó conmoción en la localidad y disparó una marcha de protesta el domingo pasado, donde se empezaron a ventilar varios casos de violencia policial y de agresiones a jóvenes. El código contravencional, como suele ocurrir, es uno de los instrumentos en los que la policía se sostiene para realizar detenciones ilegales. El propio Daniel Scioli había promovido, infructuosamente, el agravamiento de las faltas en el código platense, secundado por el teórico del proyecto, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. Sus uniformados demuestran que aprenden la lección.

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