En una carta dirigida al Tribunal Oral 1 de Morón, por primera vez desde que se hizo público uno de los casos de abuso sexual de menores más graves y de mayor difusión de los que han involucrado a un miembro de la Iglesia Católica, un integrante del Episcopado hizo un pedido oficial en favor del cura Julio César Grassi. En una carta con membrete y sello del Obispado de Morón a la que tuvo acceso Página/12, se solicitó a los jueces del tribunal que condenó en primera instancia al sacerdote a la pena de 15 años de prisión, que lo trasladen a la quinta de Hurlingham llamada La Blanquita, lo que le permitiría ejercer allí su ministerio dando misa, a pesar de la pena por abuso sexual y corrupción de menores que pesa sobre su cabeza. El abogado querellante Juan Pablo Gallego dijo a este diario que la decisión de la Cámara de Apelaciones de Morón de declarar nula la prisión domiciliaria que venía cumpliendo en San Justo el cura Grassi “es producto también de la presión ejercida por el actual obispo de Morón, monseñor Luis Eichhorn, quien desde que asumió el cargo tuvo una postura totalmente opuesta a la de su antecesor, Justo Laguna”.

Gallego señaló que de ahora en más, otra vez con libertad ambulatoria, “Grassi se instalará en La Blanquita, una quinta ubicada frente a la Fundación Felices los Niños, para dar misa y para moverse a su antojo, lo que vuelve a poner en riesgo a otros niños. Es increíble que no se tomen medidas ante la presencia en libertad de un hombre que ha sido condenado por pedofilia.” La carta firmada por el obispo Eichhorn, solicitaba precisamente que se permitiera a Grassi trasladarse desde San Justo a Hurlingham, para volver a estar en la jurisdicción de la Diócesis de Morón y recuperar la plenitud de sus facultades como sacerdote.

“Me dirijo a ustedes a fin de solicitarles, en la medida de sus posibilidades, que contemplen la viabilidad de que el presbítero Julio César Grassi cumpla el arresto domiciliario en otro lugar”, dice la carta enviada el 9 de marzo pasado, al día siguiente de que el Tribunal Oral 1 de Morón tomara la decisión de modificar la situación fáctica del sacerdote, que hasta ese momento tenía un régimen de libertad restringida, que le impedía, entre otras cosas, ingresar a la sede de Felices los Niños, tomar contacto con los chicos allí alojados y salir del país.

Ante la prisión domiciliaria, el obispo Eichhorn señaló que “el domicilio fijado por ustedes corresponde a la Diócesis de San Justo (aluden a la casa de Grassi en la calle Sarratea de esa localidad) y el padre Grassi pertenece al clero de Morón, en virtud de su incardinación (designación del lugar donde ejerce el ministerio) conforme al derecho canónico”. En el tercer y último párrafo se sostiene: “Por tanto, de ser factible, les solicitaría que se revise el lugar de cumplimiento de la medida y se fije nuevo domicilio en Gorriti 3545, que corresponde a su lugar de residencia en la Diócesis de Morón”.

La puerta principal de acceso a la Fundación Felices los Niños, escenario de los abusos por los que fue condenado Grassi en perjuicio del chico identificado como Gabriel, está sobre la misma calle Gorriti, al 3400, enfrente de La Blanquita, ya que se trata de terrenos que ocupan varias manzanas, sin división de calles transversales. La Blanquita es un lugar confortable, con pileta de natación y un amplio parque.

La carta de Eichhon marca un cambio respecto de la relación que tuvo con Grassi el anterior obispo de Morón Justo Laguna, ya fallecido. “La Iglesia me acompaña”, dijo Grassi cuando estaba por comenzar el juicio oral en el que fue condenado a 15 años de prisión. Nunca hubo una declaración oficial que indicara que eso era cierto, aunque tampoco existió una sanción expresa de las autoridades eclesiásticas.

Ante la inminencia del juicio, Laguna dio a conocer un comunicado en el cual pidió a la prensa que “no juzgue anticipadamente”. De todos modos, por diferentes vías, Laguna había dejado en claro que tenía “diferencias” notorias con el cura, a partir de una serie de sucesos anteriores a la denuncia de abuso sexual que se conoció públicamente en el año 2002.

Laguna aclaró expresamente en esa oportunidad que “la Diócesis de Morón no ha tenido en su origen, ni posteriormente, ninguna relación institucional con la Fundación Felices los Niños. La misma cuenta con personería jurídica propia, y por tanto, al no ser una obra de la Iglesia, en ningún momento ha dependido de su administración ni en su conducción de este Obispado”. Al declarar en el juicio oral, la periodista Miriam Lewin dijo que cuando le comentaron a Laguna las denuncias de abuso existente contra el cura Grassi, el entonces obispo “no se sorprendió en absoluto”.

En los medios eclesiásticos, antes del juicio oral, se decía que el obispo Laguna esperaba la resolución del Tribunal Oral 1 de Morón. Si había condena, se especulaba con la posibilidad de que allí se le aplicara alguna sanción de tipo canónico. Laguna se alejó de la diócesis antes de su muerte y el actual obispo nunca tomó medida alguna.

La carta se suma a la investigación que la Conferencia Episcopal le encomendó, años atrás, al penalista Marcelo Sancinetti, quien en un trabajo que llenó dos gruesos libros dictaminó la supuesta inocencia del cura Grassi. El trabajo fue ordenado durante la gestión del cardenal Jorge Bergoglio. Un tomo se llamaba “Hechos referidos a HOJ” y el otro “Hechos referidos a OA”. Las iniciales aluden a dos de las víctimas del sacerdote.