Alejandro Bordón pasó 20 meses preso por portar un buzo del mismo color que el que, dijeron, llevaba el asesino de un colectivero. El homicidio, cometido en 2010, surgió en medio de una seguidilla de crímenes contra choferes y desató un paro de cuatro horas del gremio contra la inseguridad en Buenos Aires. Horas después, la versión oficial explicaba que se había tratado de un crimen pasional cometido por un hombre que ya había sido detenido, y el ministro de Seguridad Ricardo Casal anunciaba que –por las dudas– se instalarían botones antipánico en los vehículos: caso resuelto. Para que quedaran todos los cabos bien atados, sin embargo, el “responsable” tenía que ser responsable. Pero la Justicia comprobó que se falsificaron testimonios y se alteraron pruebas y, en esa línea, resolvió de forma unánime absolver a Bordón, que salió en la medianoche del lunes. Además anunció la apertura de una investigación por las irregularidades en la causa.

La pesadilla para la familia de Bordón comenzó en la madrugada del martes 5 de octubre de 2010. El colectivero Juan Alberto Núñez iba a trabajar como cada día a la terminal de la línea 524, ubicada a metros de la estación de trenes abandonada de Monte Chingolo, Lanús, cuando fue baleado a quemarropa por una persona que huyó sin robarle. Un vecino escuchó los disparos y luego vio cómo Alejandro Bordón, de 43 años, salía de su casa, ubicada en sentido opuesto al ruido de los tiros. A las 4.30, diez minutos después del homicidio, Bordón subió a un colectivo rumbo al centro del municipio, desde donde viajaría a su trabajo en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, detrás suyo, subió un hombre armado que lo golpeó a culatazos y patadas hasta arrancarle varios dientes y dejarlo casi desmayado. Recién entonces, David Alberto Quijano, bonaerense de la DDI de Campana, anunció a los pasajeros que era policía y que estaba arrestando a Bordón por el asesinato de Núñez. Luego, explicaría que había sido alertado por vecinos de que el asesino llevaba un buzo como el que tenía puesto Bordón.

“Pensé que se iba a aclarar todo ese mismo día, no quedaban dudas de que yo era inocente y de que había sido todo una confusión. Pero con el correr de los días, entendí que no iba a ser así. Empecé a temer lo peor”, contó ayer a Página/12 Alejandro Bordón, recién llegado a su casa tras un año y ocho meses de cárcel. El juicio oral iniciado a mediados de mayo lo encontraba como único imputado en el asesinato del colectivero, “pero fueron tan burdos al armarme la causa que pudimos demostrar mi inocencia y todas las aberraciones que hicieron”, opinó. El fallo unánime del Tribunal Nº 8 de Lomas de Zamora, compuesto por los jueces Nicolás Amoroso, Alejandro Sgarlata y Gustavo Ramilo, lo absolvió y anunció que se investigarán todas las irregularidades de la investigación, incluida la demanda contra Quijano por apremios ilegales. El policía le abrió la cabeza y le rompió la dentadura a un hombre desarmado, sin siquiera identificarse.

El día del crimen, los medios tardaron minutos en fogonear el asesinato del colectivero como el tema de inseguridad del día y la Unión Tranviarios Automotor (UTA-CGT) anunció un paro en reclamo de medidas de protección que trabó durante cuatro horas el tránsito en el área metropolitana. Era vox populi para los trabajadores de Monte Chingolo que la zona de la comisaría 6ª estaba liberada. Esa misma tarde, las autoridades gremiales acordaron con el ministro Casal medidas de seguridad como la implementación de botones antipánico. En tanto, el diputado provincial denarvaísta y por entonces jefe de la Departamental de Lanús, comisario Guillermo Britos, declaró que ya había sido detenido el asesino y apuntó que se investigaba la “hipótesis pasional” en la que la esposa de Bordón sostenía una aventura con el colectivero Núñez. La prueba era el análisis de los celulares de la víctima y del detenido, y un testimonio que iba en el mismo sentido (ver aparte).

“Fue una animalada infernal lo de los teléfonos”, apuntó a este diario el defensor de Bordón y presidente de la Gremial de Abogados, Eduardo Soares. “Dijeron que el colectivero tenía agendado el número y varios mensajes enviados por la mujer de Bordón, enviados el día del crimen. Sin embargo, las pericias demostraron que alguien se tomó el trabajo de copiar toda la lista de contactos de Bordón al teléfono del muerto y también de hacer que los mensajes que se enviaban a su celular llegaran al del colectivero. Más de 30 titulares de esas líneas telefónicas testificaron que no conocían al muerto, lo que prueba un delito gravísimo, porque implica la complicidad de funcionarios o jerarquías policiales que modificaron evidencia.” La lucha por justicia no termina con la absolución. La familia reclama que se investigue el armado de la causa y pedirá una reparación al Estado.

Informe: Rocío Magnani