El escenario social contemporáneo, cualquiera sea su latitud, exhibe dos fenómenos de una relevancia preocupante: el de la violencia y el delito que se libra dentro de los territorios. En este contexto, las armas de fuego tienen un rol preponderante. Estas son utilizadas para el desarrollo del crimen organizado, para cometer delitos con menor nivel de complejidad, para situaciones conflictivas y para “evitar” situaciones de delito y violencia, motorizado, en parte, por la profunda desconfianza de la sociedad hacia las tradicionales instituciones encargadas de velar por la seguridad. Es así como constantemente nos anoticiamos de muertes cometidas por el uso de armas de fuego en contextos de delitos y en supuestas situaciones de defensa de éstos –que no hacen más que potenciar la violencia de la escena—, en peleas entre conocidos, en conflictos entre barrabravas, en enfrentamientos en protestas sociales, así como también en accidentes.

De acuerdo con los datos de las Estadísticas Vitales, provistos por el Ministerio de Salud, en 2010 las muertes por armas de fuego, con 2373 casos, fueron la tercera causa de muerte externa; esto es, accidentes, suicidios, homicidios y causa ignorada, luego de los vehículos de transporte terrestre, el ahorcamiento y la sofocación. Respecto de los homicidios, en la ciudad de Buenos Aires, según el informe realizado por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2010 casi el 59 por ciento de los hechos fueron producidos por armas de fuego. Esto implica que se utilizaron armas de fuego en aproximadamente 99 de los 168 homicidios sucedidos.

Para tener una dimensión sobre la cantidad de armas que circulan en el país hay que tomar en cuenta las armas legales e ilegales. Para el primer caso, según informó en febrero de 2010 el Ministerio de Justicia al Senado, el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar) contabilizaba 1.261.758 armas de fuego registradas y 817.239 usuarios individuales. Para el segundo, en cambio, los especialistas coinciden en indicar que por cada arma legal registrada hay al menos otra que circula clandestinamente en el mercado ilegal, por lo que podríamos afirmar que existen cerca de 2.250.000 tenedores de armas de fuego en el país.

Del mismo modo, el desvío de armas de fuego de los armamentos policiales y militares constituye un serio problema para la Argentina. Con anterioridad, se han identificado casos de tráfico hacia países limítrofes o a partir de transferencias ilegales entre gobiernos. Las armas incautadas en depósitos policiales y judiciales desprovistos de controles constituyen la principal fuente de transferencia al mercado ilegal. A pesar de que en septiembre de 2004 se sancionó la Ley 25.938 –que obliga a las autoridades judiciales y administrativas a informar al Renar las características del arma, el lugar y fecha del secuestro e incautación, entre otros datos–, su impacto es limitado, ya que requiere de la adhesión de las provincias para su implementación y hasta el momento, sólo 13 de ellas y la ciudad de Buenos Aires se han adherido.

Ante este escenario, se entiende que la presencia activa del Estado en todos sus niveles y el fortalecimiento de los recursos con los que cuenta para hacer frente a los conflictos es ineludible a la hora de reducir la violencia y los abusos en la sociedad, producto de la tenencia de armas de fuego. Los sucesos ocurridos en estos últimos meses refuerzan las evidencias producto de las investigaciones académicas sobre que un mayor nivel de posesión de armas de fuego entre los ciudadanos incrementa las tasas de muertes violentas. En consecuencia, creemos que es importante quitar el velo sobre esta problemática y ser claros en la enunciación de que todas las armas, sean legales o ilegales, tienen la misma capacidad letal.

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas (Pneva), según datos del Renar, del año 2007 a esta parte, destruyó 160.531 armas de fuego, lo que convirtió a Argentina en el único país que destruyó en Latinoamérica tanta cantidad de armas tras un programa de recolección. Su gran desempeño nos enseña la importancia de continuar y potenciar las políticas vinculadas con el desarme civil. Pero, además, se plantea como necesario y posible en un contexto de fortalecimiento del rol del Estado, la intervención del mismo en el mercado de producción e importación de las armas de fuego con el objeto de reducir la cantidad circulante así como también avanzar en el fortalecimiento de políticas de concientización ciudadana –y sobre todo, de las fuerzas de seguridad– sobre los riesgos del uso y tenencia de las armas de fuego.

* Politólogos (UBA). Generación Política Sur.