El suspendido juez de menores de Morón Ricardo Oyama será sometido a partir del lunes a un jury, debido a irregularidades en el proceso que luego derivó en la condena a 15 años de prisión al sacerdote Julio Grassi por abuso sexual y corrupción de un menor que asistía en su Fundación.

Oyama, suspendido en sus funciones desde el 10 de abril del 2008, era titular del Juzgado de Menores y fue sancionado luego de que una investigación demostrara que presionó al niño conocido como “Ezequiel” para que se retractara de la acusación de abuso que le había realizado al sacerdote.

El jury empezará el lunes a las 9 y está previsto que declaren alrededor de 80 testigos, entre los que figuran el propio Grassi, hoy condenado en dos instancias pero en libertad con restricciones hasta que la sentencia quede firme, el abogado querellante Juan Pablo Gallego y el defensor del sacerdote en la primera parte del proceso, Miguel Angel Pierri.

El juicio se estima durará una semana y el tribunal estará presidido por el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Néstor de Lazzari, más cinco conjueces abogados y cinco legisladores. La parte acusatoria corresponderá al subprocurador Juan Angel de Oliveira, mientras que los defensores de Oyama serán Carlos Irisarri, Juan José Lossino y Flavio Gliemmo.

Entre los hechos por los que se lo acusa figuran abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento y falsificación de documentos en general. También afronta cargos por incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a su cargo y actos reiterados de parcialidad manifiesta.

El ex defensor de Grassi, Miguel Pierri, declaró en diciembre de 2002 que la causa iba a dar un giro de 180 grados y anunció que “Ezequiel”, uno de los tres acusadores de Grassi, se había retractado de sus dichos en sede judicial. Luego se difundió la retractación de “Ezequiel”, que posteriormente se demostró que había sido hecha en forma ilegal, ya que el joven habría sido presionado por el suspendido magistrado en un hecho en el que estuvo involucrada la madre del acusador de Grassi, Norma Báez, que reclamaba la guarda del niño.