En el marco de Río+20, en forma paralela a la cumbre de países, se llevará a cabo en Río de Janeiro un encuentro de ONG reconocidas por Naciones Unidas. Además, por fuera de la reunión oficial se realizará el foro social, la Cumbre de los Pueblos, del que participarán organizaciones sociales, sindicatos, movimientos populares de todo el mundo.

Entre las organizaciones acreditadas ante la cumbre ambiental, participarán la oficina argentina de Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que llevarán sus propias posiciones que, en algunos temas, coinciden con las del gobierno, pero en otras discrepan.

Para Greenpeace, las diferencias en el debate de las conclusiones de Río+20 y las negociaciones para lograr un consenso derivarán en un “documento final diluido, donde no habrá compromisos fuertes, sino expresiones de buena voluntad”, según explicó a este diario Milko Schvartzman, coordinador de la Campaña de Océanos de la organización.

Sin embargo, el referente ambientalista rescata dos posibles logros de la cumbre: “Uno, que los recursos genéticos marinos sean de beneficio de la humanidad y no de un grupo de corporaciones farmacéuticas que se adueñan de las especies que descubren, patentándolas, y las utilizan para la obtención de medicamentos para enfermedades como el cáncer. El otro, que el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (Pnuma) sea ascendido al status de agencia, lo que significaría un avance en la gobernabilidad y control del uso de nuestro planeta”. En el primer punto coincide con la posición del gobierno. En el segundo, está en las antípodas.

“Hemos felicitado al gobierno por su defensa de los océanos”, dijo Schvartzman. La Argentina estuvo entre los impulsores de la inclusión en la declaración de implantar “el control y gobernanza de la fauna marina en las aguas internacionales”. Se tendría que discutir “la creación de redes marinas de áreas protegidas”.

En cuanto a las diferencias, Greenpeace se manifiesta a favor del concepto de “economías verdes” y argumenta que las discrepancias son de “interpretación”. “Para nosotros, el término apunta a lograr una economía ambientalmente sostenible, a evitar el subsidio a energías sucias, como el petróleo o la energía nuclear”, dijo.

“Para nosotros, lo que se busca con este concepto es que todos hagamos un sacrificio para lograr un planeta más limpio, por ejemplo, bajando la emisión de combustibles fósiles. Los países desarrollados deberían hacer un mayor sacrificio que los que están en de- sarrollo. Pero los países ricos dicen que todos deben hacer el mismo sacrificio. Y los del G-77 sostienen que tienen que hacerlo los desarrollados, mientras que el resto tiene derecho a la contaminación. Nosotros sostenemos que hay una responsabilidad compartida pero diferenciada”, explicó Schvartzman.

–Los gobiernos del G-77 se oponen también a la creación de una agencia que ejerza un control de lo que hacen los países en materia ambiental –observó este diario.

–Para nosotros, significaría un avance en la gobernabilidad y en el control del uso de nuestro planeta. Sería una forma de poner un límite a lo que hacen las corporaciones.

FARN difundió un documento preparatorio para la cumbre. Allí destaca que desde 1992 “nuestro país realizó avances sumamente significativos en materia ambiental”, como el reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano, pero advierte que existen “vacíos normativos” en ciertos temas y que el documento que presentó el país refleja “un modelo extractivo que no se condice con el desarrollo sustentable”, que se ve en las actividades mineras, agropecuarias y pesqueras.

“La economía verde debería plantearse como unificadora de la equidad, el desarrollo social y ambiental”, expresa el documento. Se hace cargo, no obstante, de las diferencias que genera ese concepto y expresa que “debe servir no para amparar situaciones de inequidad global y local”, sino “ser una oportunidad de cambio hacia la sustentabilidad”. En ese sentido, dice que “es fundamental que en las discusiones, Argentina y América latina actúen en pos de la protección de sus riquezas naturales y de la sustentabilidad”.