Sofía Gatica dio a luz un niño con una malformación que le causó la muerte en pocos minutos. Era 2001 y había poco conocimiento sobre la toxicidad de los agroquímicos, pero la cantidad de mujeres rapadas por la quimioterapia y los niños con leucemia cubiertos con barbijos aumentaba por las calles de la capital cordobesa donde vivía la mujer. Incansable, realizó encuestas por el pequeño poblado de cinco mil habitantes, descubrió que el número de patologías era superior a lo normal, sentó denuncias y conformó el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo. Ayer, declaró como querellante en la segunda jornada del primer juicio oral y público penal de Argentina por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud en zonas urbanas. El tribunal escuchó además otros tres testimonios.

Tras la exposición de la situación sanitaria realizada ayer, la segunda jornada de audiencias tuvo como protagonistas a los pobladores de Ituzaingó Anexo, unas 30 manzanas ubicadas en la periferia de Córdoba Capital que limitan con áreas rurales al norte, este y sur. El juicio unifica dos demandas de 2004 y 2008 por contaminación producto de fumigaciones aéreas y terrestres de agroquímicos en detrimento de la salud de las 1200 familias que tiene aproximadamente el barrio. Los imputados por el delito de “contaminación dolosa” –cuya pena prevista es de tres a diez años de cárcel– son dos productores, Francisco Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el propietario y piloto del avión fumigador, Edgardo Jorge Pancelli. En caso de comprobarse la vinculación entre fumigaciones y muerte, la figura por la que se los acusa, podría ser agravada con penas de 10 a 25 años de prisión.

Gatica fue la primera testigo de la tarde. El 24 de febrero de 2004 denunció que en el “campo de Parra”, al este del barrio, aplicaban agroquímicos con un equipo terrestre, “mosquito”. En aquella ocasión, el allanamiento realizado por orden de la fiscalía local logró identificar los restos de los productos utilizados, pero la investigación quedó cajoneada. Su pelea, no obstante, había comenzado en 2001, cuando tuvo un hijo que murió a los minutos del parto por una malformación: nació sin riñones. Conmovida por la cantidad de casos de cáncer que había en el barrio y por la muerte de su bebé, hizo la primera encuesta sanitaria del barrio. Relevó dos manzanas, con la ayuda de quienes luego conformarían el espacio Madres de Ituzaingó.

“Desde entonces hasta 2010 encontramos 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino”, explicó Gatica, galardonada este año con el premio Goldman por su defensa del medio ambiente. La mujer tuvo que mudarse hace más de un año para resguardar su salud y la de su hija de 17 años, que está en pleno tratamiento de desintoxicación, luego de que detectaran que su sangre convive con dos plaguicidas. Las madres denunciaron casos de alergias respiratorias y en la piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones y cánceres. “En el 2003 lograron una ordenanza que estableció la distancia mínima de fumigación de 200 metros, pero los sojeros preferían pagar las multas, lo hacían de noche o en feriados. Ellas siempre estaban ahí tratando de pararlos”, contó a Página/12 Medardo Avila Vázquez, el otro querellante.

La audiencia había comenzado a la mañana con la declaración de Marcela Ferreyra. La vecina tuvo en 2004 un chico que murió en el primer día de vida también por una malformación. “Había quedado embarazada a principios de octubre, en coincidencia con la época del año en que se fumiga intensamente en los campos. Al menos dos veces por semana, el embrión recibía directamente el veneno que era rociado vía aérea”, detalló Avila Vázquez, que es médico y fue subsecretario municipal de Salud. La mujer contó al tribunal de la Cámara 1ª del Crimen que la fumigación se hacía de noche y que el cielo quedaba tapado bajo una “nube blanca”. “El olor se sentía en el aire a la mañana siguiente”, dijo. Luego, declararon Pablo Vargas, un vecino que fotografió la fumigación del 11 de febrero de 2001, y Norma Herrera.

“Sabemos que los imputados son el eslabón más débil de este modelo de agricultura tóxica que se aplica en más del 50 por ciento del país”, apuntó Avila Vázquez. “Aquí intervienen grupos económicos, como Monsanto, y grandes productores. Sin embargo, los acusados sabían lo que hacían, actuaban a conciencia y por dinero. No tienen perdón.” Las audiencias continuarán hasta al menos el martes, cuando está prevista la declaración del investigador del Conicet Andrés Carrasco, que estudió el efecto letal del glifosato en embriones.

Informe: Rocío Magnani.