Con el apoyo de las bancadas opositoras se presentó ayer en la Legislatura porteña un proyecto de ley para la creación de una Comisión Especial de Seguimiento de las instituciones de seguridad que actúan en la Ciudad de Buenos Aires y de los casos en los que la fuerza pública incurra en abusos de autoridad o en hechos de gatillo fácil. La iniciativa, que había sido impulsada en 2009 por el entonces diputado Facundo Di Filippo, fue retomada ahora por el legislador porteño Rafael Gentili (Proyecto Sur), a la luz de las graves irregularidades en el operativo policial que derivó en la llamada Masacre de Pompeya, ocurrida en enero de 2005, donde murieron dos mujeres y un niño como consecuencia de un violento operativo de la Policía Federal. Por el caso fue condenado a 30 años de prisión Fernando Carrera, un vendedor sin antecedentes penales que fue confundido con un sospechoso de robo y baleado por policías de civil, al punto de que quedó inconsciente y perdió el control del auto que manejaba, atropellando a las personas que fallecieron. La sentencia fue dejada ahora sin efecto por la Corte Suprema de Justicia y se debe producir un nuevo fallo.

La Comisión tendrá como misión “el seguimiento permanente de las instituciones de seguridad, la recopilación, el archivo y la sistematización de los hechos” de violencia institucional, tanto de la Policía Federal como de la Metropolitana o de las demás fuerzas de seguridad que actúan en el ámbito de la Capital Federal. Los miembros del cuerpo legislativo evaluarán el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, trabajarán en la prevención de abusos de la fuerza pública y en la creación de una base de datos sobre cualquier tipo de abuso. Esos elementos de prueba estarán a disposición de los tribunales, de los organismos de derechos humanos y de toda persona que lo solicite.

Lo que se propicia es que la Comisión tenga facultades para requerir informes, expedientes y documentación en general que sirvan para cumplir sus objetivos “aun aquellos (datos) clasificados como reservados o secretos, sin violar el carácter de estos últimos, a todos los organismos públicos, estatales o no estatales, y a miembros u organizaciones de la sociedad civil”. La Comisión debe tener facultades para producir “informes, expedientes, documentos y todo otro elemento que puedan aportar datos” de interés en cada caso concreto.

El cuerpo estará integrado por legisladores porteños de las comisiones de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, de Seguridad y de Justicia. Habrá un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y también del Ministerio Público porteño.

En la presentación del proyecto, en el Salón de Conferencias de la Legislatura, estuvo Fernando Carrera, acompañado por su esposa y sus hijos. Legisladores de distintas bancadas opositoras que apoyan el proyecto condenaron la actuación policial y judicial en ese caso. También estuvieron representantes de organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en la persona de Nora Cortiñas; el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio Paz y Justicia, que acompañaron a Carrera desde el primer momento, al considerar que era un inocente, víctima de una causa “armada” por la Policía Federal para encontrar un supuesto culpable y deslindar la responsabilidad que les cabe en el hecho a los agentes que confundieron y balearon a Carrera.

La ex diputada nacional Patricia Walsh recordó que su padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, ya había denunciado en la década del sesenta a policías de “gatillo alegre” como lo era ya entonces el ex represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. “De manera que –recalcó– el gatillo fácil viene de esa época y todavía persiste.” Todos los presentes coincidieron en que “el gatillo fácil y la corrupción siguen presentes en la Capital Federal y también en la provincia de Buenos Aires” y que la responsabilidad “es policial, pero también de la política que lo apaña”. En ese sentido se recordó el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la Policía Bonaerense.