El proyecto de ley para incluir en el Plan Médico Obligatorio (PMO) los tratamientos y procedimientos de fertilización asistida recibió ayer dictamen favorable en las comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla que las obras sociales, entidades de medicina prepaga y el sistema de salud pública deberán incorporar como prestaciones obligatorias la cobertura integral e interdisciplinaria de los procedimientos que la Organización Mundial de la Salud define como “reproducción humana asistida”. El dictamen firmado por las cuatro comisiones podría ser debatido en la Cámara baja el próximo 27 de junio.

Entre las prestaciones se incluye “la inducción de ovulación, la estimulación ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción humana asistida y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del esposo, pareja o de un donante”. Por estos tratamientos, se entienden “las técnicas de baja a alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones”.

En noviembre, la Cámara de Diputados había logrado sancionar en general un proyecto integral vinculado con la fertilización asistida, pero no hubo acuerdo para su aprobación en particular, por lo que caducó cuando en diciembre se renovó el cuerpo con el ingreso de los legisladores electos en octubre de 2011. Ahora, el acuerdo político del FpV y la UCR, de las comisiones de Acción Social y Salud, de Familia, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, permitió avanzar con un proyecto que incluya en el PMO los procedimientos de fertilización y dejar el resto de la legislación para ser abordada en la reforma del Código Civil.

La titular de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara baja, María Elena Chieno (FpV-Corrientes), sostuvo que “se deja de lado la discusión de fondo, que está en el nuevo Código Civil y Comercial”, como el manejo de gametos y embriones.

En tanto, la diputada santafesina Celia Arena, vicepresidenta de la Comisión de Familia, señaló a Página/12: “Acceder a este tipo de tratamientos es un derecho y otorgar cobertura resulta algo necesario y, a la vez, supone un avance legislativo muy importante”. El Ministerio de Salud de la Nación se encargará de establecer “cuáles técnicas y procedimientos serán habilitados a tal fin e incluir progresivamente nuevas técnicas desarrolladas por los avances técnicos científicos”, aclararon las comisiones.

“Mucha gente no puede acceder a los tratamientos de reproducción humana asistida por ser muy costosos –pueden alcanzar los 30 mil pesos–, por los diagnósticos y los medicamentos que se utilizan para la correcta fecundación del óvulo durante el procedimiento”, afirmó Arena. La diputada también explicó que “en el nuevo Código Civil y Comercial se trabajarán cuestiones que no se incluyen en este dictamen, como la maternidad por sustitución, la filiación biológica y la identidad”.

En tanto, miembros de la asociación Concebir efectuaron críticas al dictamen porque “no establece la confección de un registro nacional de donantes para que la persona concebida por esa técnica pueda a los 18 años saber su origen”.

Como beneficiarios, el artículo 7 del dictamen precisa que tiene derecho a acceder a los tratamientos de reproducción “toda persona mayor de edad” y agrega que quienes hayan tenido que recurrir a tratamientos dañinos para su fertilidad, como quimioterapia, inclusive si son menores de 18 años, “podrán acceder a servicios de guarda de sus gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación”.

El artículo 8º –que es la clave del dictamen– indica que el sistema público de salud, obras sociales, incluidas las del Poder Judicial y la Dirección de Ayuda Social del Congreso, entidades de medicina prepaga y las que brinden atención al personal de universidades, deberán dar cobertura a los procedimientos que la Organización Mundial de la Salud define como reproducción médicamente asistida.

Quedan también incluidos en el PMO esos procedimientos y “los de diagnósticos, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios”.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Progresista (FAP) Graciela Iturraspe destacó el avance del proyecto, al sostener que “ayudará a que todas las familias puedan acceder a dicho tratamiento”.

Informe: Sabrina Améndola.