El Comité de Solidaridad de Santa Fe, compuesto por más de 20 entidades no gubernamentales, estudiantiles y de derechos humanos, presentó ayer una demanda penal contra el gobierno de la provincia y los funcionarios municipales por no haber tomado en cuenta las advertencias que distintas instituciones –como la Universidad del Litoral y el Instituto Nacional del Agua– le acercaron sobre el estado del río Salado. La denuncia contempla la posibilidad de que los funcionarios sean procesados por “estrago culposo calificado”, ya que para los demandantes la actitud prescindente de las autoridades fue un elemento fundamental para que se produjeran tantas muertes durante la inundación.
“Nosotros presentamos esta denuncia por la falta de política de control de las aguas, porque el Estado no construyó más defensas y no mantuvo las existentes, porque no estudió la evolución del río y finalmente por no tener un plan de evacuación ante una posible inundación, en una ciudad rodeada de agua”, explicó la doctora Lucila Puyol, quien ofició como representante del Comité en esta presentación ante la justicia.
Según su razonamiento, los funcionarios faltaron a su deber de defender la vida de las personas o, al menos, frente a la magnitud de la catástrofe, de intentar aminorar las lesivas consecuencias producidas por la inundación, al no tomar en cuenta las advertencias que se les fueron acercando desde mediados del año pasado. Por ello, la demanda incorpora, además de la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la figura del estrago culposo calificado, que es definido en el Código Penal como “un daño de grandes proporciones que afecta colectivamente a las personas importando una situación de peligro común”.
Pero eso no es todo. “La denuncia, además, contiene un apartado sobre la desaparición de personas”, agrega Puyol, quien consideró que transcurrida ya una semana se hace imprescindible que la Justicia ponga en acción todos los recursos necesarios para establecer tanto la cantidad como la identidad de los cuerpos que se encuentren depositados en las morgues de los hospitales y en los cementerios, poniendo fin al continuo manipuleo que se está haciendo en relación al número de fallecidos en los últimos días.
El Comité fue creado el 29 de abril por cerca de 20 organizaciones, entre ellas la CTA, Madres de Plaza de Mayo e HIJOS para intentar colaborar con el gobierno provincial y municipal en la atención de los evacuados. Sin embargo, lo que en principio fue una actitud de colaboración ahora se transformó en denuncia penal, luego de que los integrantes del Comité vieran desde adentro el desmanejo de la situación por parte de las autoridades.