La Justicia estadounidense sostiene que no hay pruebas suficientes para acusar a los policías que mataron, de 34 balazos, a un hijo de argentinos por tratar de eludir un control vehicular. El dictamen del procurador del distrito de Downey, cerca de Los Angeles, atribuye a “defensa propia” la reacción de los policías contra el joven, que estaba desarmado pero habría hecho un movimiento sospechoso. La decisión será apelada por la familia de la víctima.
El 15 de febrero de 2002, Gonzalo Martínez, de 26 años, se negó a detenerse en un control de tránsito. Los policías lo persiguieron hasta que, acorralado, bajó de su auto. Según el informe de Richard Doyle, procurador del distrito de Downey –localidad del condado de Los Angeles donde Martínez vivía con sus padres y un hermano–, el joven habría llevado una mano al bolsillo como si fuese a sacar un arma. Recibió 34 balazos de pistola y metralleta.
Un aficionado registró la escena en un video, que fue difundido por los medios, pero el procurador no lo tomó en cuenta “por haber sido tomado de costado”. Según Doyle, “no hay evidencia que pruebe inconducta o negligencia de parte de los oficiales” y, por el contrario, “el peso de la evidencia sostiene el argumento de defensa propia” de los policías.
“Esto es una injusticia. Lo persiguieron y lo cazaron como a un animal –afirmó Norma Martínez, madre de Gonzalo, radicada en Estados Unidos desde hace 30 años–. Acá la policía siempre se sale con la suya y no van presos, lo sabe todo el mundo.”
El abogado Steven Lerman –conocido en Estados Unidos por haber llevado a los tribunales a policías acusados de violar derechos humanos– estudiará el dictamen con vistas a una apelación.