Un proyecto del gobierno de Mauricio Macri para avanzar sobre el Río de la Plata mediante rellenos con materiales de demolición fue cuestionado y rechazado por organizaciones vecinales y ambientales, y por especialistas, en una audiencia pública celebrada el martes último. Lo que se puso en discusión allí fue la creación de una superficie de once hectáreas, con la posibilidad de extenderla a treinta, en la zona denominada Isla Demarchi, junto a la desembocadura del Riachuelo, en La Boca. La finalidad de la obra es una incógnita no sólo para quienes se oponen sino para el propio gobierno porteño: sólo hay especulaciones sobre su uso como espacio verde o como lugar de asiento de una planta de tratamiento de residuos, que podría incluir la incineración.

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por el Gobierno de la Ciudad, el proyecto consiste en rellenar una zona de once hectáreas en una primera etapa, con la posibilidad de expandirla a 22 más, con los materiales provenientes de obras públicas que se realizan en la ciudad, tales como el túnel aliviador del arroyo Maldonado, los estacionamientos bajo nivel y la ampliación de la red de subterráneos. En un informe para la prensa, el Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del proyecto, sostiene que se utilizarán para el relleno “los (residuos) áridos producidos en la ciudad de forma sustentable, teniendo en cuenta los objetivos de la Ley de Basura Cero”. Esos residuos son los productos de demolición de obras públicas y privadas que la Ciudad ya no puede enviar a rellenos sanitarios, por resolución de la Ceamse.

En la audiencia pública, que se celebró en el Teatro de la Ribera, en La Boca, participaron una veintena de oradores, entre ellos, el abogado Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Consuelo Bilbao, de Greenpeace; Mora Aráuz, de la Fundación Ciudad; los arquitectos Rodolfo Livingston y Nidia Marinaro y el especialista en hidrología Francisco de Amorrortu. Por la ciudad, defendió el proyecto el director de Infraestructura, Daniel Capdevila.

La principal objeción de los expositores fue que no se le dio intervención a la Acumar –la autoridad de aplicación del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo–, dado que la obra de relleno está ubicada justo en la desembocadura del Riachuelo. “Llama la atención que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Gobierno de la Ciudad carezca de un análisis técnico que permita evaluar los posibles impactos que el relleno podría ocasionar en la desembocadura del Matanza-Riachuelo”, dijo Nápoli, de la FARN. El abogado ambientalista advirtió, además, que “tampoco se han considerado las posibles interferencias que el relleno podría producir en el plan de saneamiento de la cuenca”. Por último, propuso que el proyecto sea puesto a consideración de la Acumar y del juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo del proceso de saneamiento de la cuenca, ya que “la ciudad no puede planear obras sin el consentimiento de esa autoridad, que está por encima de las jurisdicciones y está cumpliendo con una sentencia de la Corte Suprema de la Nación”.

El relleno costero sobre el Río de la Plata se viene realizando en Buenos Aires desde 1888. Esa práctica permitió “ganar” 2800 hectáreas a costa del río, sobre todo en Retiro, Recoleta y Puerto Madero. “Pero esa práctica no es correcta en el siglo XXI y no está de acuerdo con el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (PUA), que pide respetar el perfil costero existente”, dijo a Página/12 Mora Aráuz, de la Fundación Ciudad. Además, no se consultó al Consejo del Plan Urbano Ambiental ni al Consejo del Plan Estratégico, advirtió.

Según Aráuz, el proyecto forma parte del “modelo territorial” que el macrismo presentó en la Legislatura, y que contempla numerosas intervenciones con rellenos sobre la costa del Río de la Plata y no sólo sobre el Riachuelo, donde –alertó– el relleno “podría generar un tapón”.

Respecto del destino del lugar, el Ministerio de Desarrollo Urbano sugirió que se podría utilizar como espacio público. Aráuz cree imposible su uso como espacio de recreación por la cercana presencia contaminante de la Central Costanera, una usina termoeléctrica. El propio ministro Daniel Chain había estimado que podría utilizarse para “una nueva zona destinada al desarrollo de tecnologías que permitan transformar la basura en materia prima”. Nápoli y Aráuz creen ver en esa afirmación el proyecto de instalar incineradores, hoy prohibidos por ley en la Ciudad.

El arquitecto Rodolfo Livingston agrega la sospecha de un negocio inmobiliario en esos futuros rellenos, “como una prolongación de Puerto Madero”. Es que el espacio está junto a la ex ciudad deportiva de Boca, donde está proyectada la construcción de un barrio de lujo. Nidia Marinaro, esposa y socia de Livingston, deduce que el relleno con áridos es un anuncio “de más demoliciones del patrimonio de la ciudad”, una verdadera plaga durante la actual gestión.