Pasada la medianoche, y con 26 votos a favor y 21 en contra, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la modificación de la ley provincial de excarcelaciones, considerada como un retroceso de cien años en el tratamiento de las penas por abogados especialistas en derechos humanos.

Se trata de tres proyectos, dos de ellos de la oposición (uno perteneciente al radical Luis Petri y el otro al peronista disidente Daniel Cassia) y el tercero del gobierno, que intenta suavizar el efecto. El proyecto de Petri, especialmente, inhibe las salidas transitorias en la mayor parte de los delitos.

“El proyecto se inscribe en una línea de políticas de mano dura, que no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática. Se contrapone con el Acuerdo para la Seguridad Democrática, suscripto por diversos sectores políticos y sociales de nuestro país impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación”, dijo a este diario Alfredo Guevara, abogado de derechos humanos de Mendoza.

El proyecto de Petri, votado luego de una virulenta sesión que duró cuatro horas, se logró con el voto de la UCR y el Partido Demócrata, y con el retiro del apoyo del PJ, que de alguna manera marca serias y auspiciosas dificultades de que logre avanzar en el Senado.

Mendoza hace un año fue vidriera internacional de un caso de torturas en un anexo de la cárcel de Boulogne Sur Mer, en la capital mendocina, anexo que se había levantado para evitar las condenas internacionales por violencia y hacinamiento.