A pesar de que el trabajo doméstico involucra al 17 por ciento de la fuerza laboral femenina en la Argentina, es decir alrededor de un millón de mujeres, todavía se rige por un decreto de un gobierno de facto –de 1956– que las discrimina y excluye del derecho a una licencia por maternidad, vacaciones anuales pagas, aguinaldo, compensación de horas extra, y descanso diario y semanal. La informalidad alcanza al 83 por ciento de las empleadas domésticas, según cifras suministradas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, el tratamiento de un proyecto de ley que las equipare con el resto de los trabajadores en materia de derechos quedó cajoneado en el Senado, después de obtener media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados. El tema fue uno de los planteos que hizo la cúpula de la CTA que lidera Hugo Yasky a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada la semana pasada. Desde distintas ONG también reclaman la aprobación de una ley.

“Es difícil de justificar que con una composición parlamentaria mayoritariamente progresista como la que tenemos en la actualidad persista un nivel de discriminación por género y clase tan fuerte como ésta. Dos son los temas fundamentales que están afectando a las mujeres pobres de la Argentina: la equiparación de derechos de las trabajadoras domésticas y la legalización del aborto. Ambos, casualmente, están detenidos en el Congreso”, señaló a Página/12 la socióloga Norma Sanchís, de la Asociación Lola Mora, investigadora de la temática.

“Nos parece fundamental que se sancione una ley para las trabajadoras de casas particulares. Seguir con la legislación vigente supone una enorme discriminación para un colectivo muy importante de trabajadoras, más de un millón. Este reclamo forma parte de la lista de prioridades que tiene en agenda la CTA”, indicó a este diario Estela Díaz, secretaria de Género de la central sindical, que encabeza Yasky. Díaz fue una de las referentes sindicales recibida el jueves pasado en la Casa Rosada. Junto con el reclamo de una ley para trabajadoras domésticas, se plantearon otros vinculados con la igualdad de género en el mundo laboral, entre ellos el tema de las responsabilidades compartidas y las políticas de cuidado. “Nos parece que Uruguay es un ejemplo. Ellos sancionaron una ley en el año 2006 y hoy tienen constituida una mesa de negociación colectiva y más del 65 por ciento del trabajo del sector se realiza de manera formal con todos los beneficios sociales. Esta experiencia muestra que no sólo es necesario sino también posible mejorar la calidad del empleo para las mujeres que trabajan en el sector más informal y precarizado”, añadió Díaz. “La situación de las trabajadoras domésticas en el país continúa siendo vergonzosamente discriminatoria: es el único sector no incluido o equiparado a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, regido por un estatuto ‘especial’ que tiene ya 56 años, con un umbral de derechos mínimos. Por detrás de esta regulación diferenciada se encuentra una concepción que desvaloriza el trabajo que se realiza en la esfera reproductiva, en el espacio privado de los hogares, que en buena medida hacen las mujeres en forma no remunerada y por tanto no reconocido como trabajo. Cuando se contrata a una persona para realizarlo, se establecen relaciones laborales sumamente precarias y mayoritariamente no registradas”, apuntó la economista Corina Rodríguez Enríquez, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de la Política Pública (Ciepp).

Las tres especialistas coincidieron en reclamar además la ratificación por parte de la Argentina del Convenio 189 que sancionó hace un año la Organización Internacional del Trabajo para establecer las condiciones dignas básicas del trabajo en el sector doméstico. Este convenio reconoce el valor económico y social del trabajo doméstico, y establece sin ambigüedad que se trata de trabajo. El primer país en ratificarlo fue Uruguay, y recientemente Filipinas siguió los mismos pasos. Con las dos ratificaciones, ese convenio entra en vigencia.

Hace dos años, la Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley para empleadas de casas particulares que significaba la ampliación de derechos y la equiparación con el resto de trabajadores y trabajadoras. Un año después, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, en la primera sesión de 2011, y pasó al Senado, donde a pesar de haber sido aprobado en general, quedó varado el tratamiento en particular del articulado. “Algunos medios de comunicación estuvieron muy activos planteando los costos y obstáculos que traería esta equiparación legal”, observó Sanchís.

“La regularización que lanzó en el año 2006 el Ministerio de Trabajo permitió incluir una cantidad interesante de trabajadoras formalizadas, aunque igual la cifra que tenemos ronda el 83 por ciento de informalidad”, destacó Díaz.