Por primera vez, desde que Luciano Arruga fuera secuestrado por policías bonaerenses, el 31 de enero de 2009, el gobernador Daniel Scioli recibió a sus familiares. Lo hizo cumpliendo parte del compromiso asumido ante la Comisión Provincial por la Memoria, la semana pasada, cuando recibió personalmente el Informe 2012 “El sistema de la crueldad VII”, también registrado como un hecho inédito. Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, reclamó tres puntos al gobernador: que destituya a los ocho policías acusados (que siguen trabajando como si nada), que tenga presencia en la causa (que todavía sigue con la carátula de averiguación de paradero) y que se restituya la casa recuperada por organismos de derechos humanos y los familiares de Luciano, donde antes funcionaba el destacamento policial en el que fue visto con vida el joven por última vez. Acompañaron a los familiares representantes de la CPM y de la APDH La Matanza.

El miércoles 8 de agosto, el gobernador recibió, por primera vez personalmente, de manos de la Comisión Provincial por la Memoria, el informe anual que el organismo de derechos humanos realiza como observatorio de cárceles y comisarías bonaerenses. Tal como informó en aquella oportunidad Página/12, de la reunión la CPM logró entre otros puntos que Scioli se comprometiera a recibir a los familiares de Luciano Arruga. La fecha fue confirmada para la semana siguiente.

Ayer se cumplió la primera parte: que los recibiera. Aunque por el momento se trata de gestos simbólicos, Scioli se reunió por primera vez con los familiares y amigos de Luciano Arruga, encabezados por su hermana, Vanesa Orieta. Junto con ella, los propiciadores de la reunión, Hugo Cañón, copresidente de la CPM, y los directores Sandra Raggio y Roberto Cipriano García; Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, y Juan Manuel Combi, abogado de la causa. Llegaban acompañados del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien por esas cosas de la política, no estaba enterado de que su municipio había cambiado la llave del ex destacamento donde fue secuestrado Luciano, y que los familiares habían recuperado para realizar allí dentro un centro de la memoria. Durante la reunión, Espinoza se comprometió a expropiar la casa para ofrecerla para los familiares y amigos como centro de la memoria.

Con Scioli se sentaron la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, y el secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto. Ricardo Casal, ministro del área reclamada, no fue de la partida.

“Le dijimos que habían pasado tres años y siete meses desde que desapareció mi hermano, para que nos recibiera –contó Vanesa Orieta–. El lamentó no habernos recibido antes. Le dijimos que los ocho policías que acusamos siguen trabajando en diferentes destacamentos y le reclamamos que los destituyera de la policía. También le aclaramos que la causa todavía figura como ‘averiguación de paradero’ y que hace falta que la investigación tenga mayor acompañamiento político. Nadie está buscando a Luciano hoy en día. Le pedimos que, como máximo referente de la política de la provincia, tenga presencia en la causa. Y le dijimos que se respetara la participación de los familiares y amigos en el espacio que habíamos recuperado del ex destacamento, pero que en este momento nos dificultan entrar.”

El intendente Espinoza se comprometió a expropiar la casa y Scioli le dio instrucciones a Carlotto para que redactara la norma de expropiación.

Durante la reunión, los jóvenes detallaron a Scioli cómo funciona el reclutamiento de jóvenes por parte de la Bonaerense, cómo levantan a los chicos para golpearlos en patrulleros y comisarías, cómo no figuran las entradas en los libros de guardia. En fin, un cursillo de los procedimientos cotidianos de las patotas de calle de la Bonaerense.

Hugo Cañón sostuvo que “reclamamos el control civil de las fuerzas desmadradas de la policía y el servicio penitenciario y delego en Carlotto toda la instrumentación de los caminos a seguir”. El ex fiscal federal señaló que “el gobernador tiene que ser desde esa cabeza del poder civil quien comande a las fuerzas de seguridad de la provincia para que no sigan con el autogobierno o con corporaciones que se manejan en forma autónoma”.

“Parte de la policía a la que le pagamos todos los meses el sueldo utilizan a menores para robar a los ciudadanos que reclaman seguridad. Es un círculo hipócrita –dijo Pimentel–. Le pedimos a Scioli una declaración pública poniéndose al frente de uno de los casos más paradigmáticos, junto con Julio López, de los últimos años. En un país de desaparecidos, hay dos desaparecidos en democracia.”

Roberto Cipriano dijo a este diario que “fue clara la advertencia de que la Bonaerense actúa fuera de la ley. Esta reunión fue muy positiva. La familia necesitaba un gesto político del gobernador. Asumió que no los había recibido antes y pidió disculpas. Es la primera vez que los recibe, pero no es la primera vez que la familia viene a la Gobernación, es la tercera. La primera vez llegaron hasta la puerta, pero no fueron recibidos por nadie y se tuvieron que volver. La segunda fueron recibidos por Stornelli y Casal, que los maltrataron cuando los familiares acusaron a la Bonaerense, y se desató una reunión que terminó a los gritos”.

“Hasta que no tengamos los resultados que vinimos a buscar –aseguró Vanesa–, vamos a seguir luchando y denunciando la falta de compromiso del poder político.”

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