“Nos da una profunda tristeza ver cómo todos los días estamos dictando la prescripción de causas”, dice la jueza Angela Ledesma, integrante de la Cámara de Casación Federal. Atribuye esa realidad a las demoras en los procesos judiciales originadas en “un Código Procesal arcaico, que no permite la transparencia y la agilidad en los procesos judiciales”. Ledesma integra el grupo de 203 jueces que ayer presentaron en el Congreso un reclamo para que se debatan “con urgencia” los proyectos de reforma del Código Procesal Penal Federal, que desde hace años están en Diputados pero nunca han sido tratados.

“Está muy bien que se reforme el Código Penal, pero esa reforma no va a ser tan útil si no se actualiza el Código Procesal”, sostiene Adrián Martín, de un Tribunal Oral en lo Criminal porteño, también miembro de ese grupo de magistrados.

Para los jueces, la clave es modificar el actual sistema inquisitorio por un modelo acusatorio, en el cual el fiscal sea protagonista de la investigación y deje al juez la tarea de dictaminar, de manera imparcial, si un acusado es culpable o inocente. “En el actual sistema, el juez de instrucción es juez y parte”, advierte Martín. Otra de las modificaciones es pasar del procedimiento escrito al oral, lo cual contribuiría a acortar los tiempos. “Se demora años en la instrucción escrita, se acumulan veinte o treinta cuerpos en una causa que después hay que recrear en un juicio oral”, cuestiona Ledesma.

Los jueces ponen como ejemplo las reformas ya realizadas en provincias como Chubut, que contribuyeron a agilizar procesos. “Las decisiones de trascendencia deben tomarse en audiencias de partes, reduciendo al mínimo el período de secreto de sumario, para hacer más transparente el procedimiento: hoy, toda la información que maneja la prensa es a través de trascendidos”, propone la jueza. “Una de las cosas que más se nos critica es que no se sabe qué hacemos”, subraya.

El reclamo firmado por los magistrados fue entregado al presidente de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, Oscar Albrieu (FpV-Río Negro). Albrieu es autor de uno de los proyectos de reforma procesal penal que tiene estado parlamentario desde 2010. Otra iniciativa pertenece a Raúl Barrandeguy (FpV-Entre Ríos).

El actual Código Procesal fue sancionado en 1992. “Pero nació vetusto, porque tomó el modelo de Córdoba, que estaba vigente desde 1940 y que en ese momento encabezó un movimiento provincial de reformas”, explica Ledesma. En 2007, los propios jueces y el Ministerio de Justicia elaboraron un proyecto de reforma que nunca fue tratado.

“Se deben aplicar mecanismos como la mediación, el juicio abreviado, la probation, para que los casos de menor trascendencia, como un hurto, sean resueltos más rápidamente y los fiscales puedan avocarse a los casos más complejos”, sugiere Martín. “Hoy, para la burocracia judicial, todos los casos valen uno. Es necesario hacer una jerarquización de las causas: el sistema penal es selectivo, los que van a juicio son los pobres. Hay que hacer una contraselección para poder investigar los delitos complejos”, definió el juez.

Ledesma coincide con ese criterio: “Los casos que más prescriben son los de cierta complejidad, en los que está comprometido el patrimonio del Estado (casos de presunta corrupción): por ejemplo, acaba de prescribir, después de veinte años, la causa por la privatización de Aerolíneas Argentinas”, graficó.

Martín sostiene además que la agilización de las causas permitiría acortar los tiempos de prisión preventiva: hoy una persona está detenida durante años sin que se sepa si es culpable o inocente. “En lugar de hacer más cárceles, deben estar presos sólo aquellos sobre los que exista riesgo de fuga”, sostiene.

La presentación fue celebrada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Según la organización, “demuestra que no es cierto que esos proyectos no avanzan en el Congreso por la resistencia de los jueces al cambio”.