Una fiscal del Ministerio Público porteño intentó ayer desocupar un taller protegido del Hospital Borda, ubicado en el lugar donde el gobierno de Mauricio Macri pretende construir el llamado Centro Cívico para trasladar allí parte de su administración. El intento fue resistido por los trabajadores que ocupan el lugar y rechazan tanto el traslado del taller como la nueva construcción. “Sería el principio del fin del hospital y el comienzo de un negocio inmobiliario”, sostienen.

Un oficial de Justicia se presentó con la orden a las 11 en el Taller Protegido 19, donde los internos construyen muebles de hierro y madera como parte de sus tareas de rehabilitación. Estaba acompañado por un oficial de la Metropolitana, de civil, pero no tenía orden de desalojo sino una cédula firmada por la fiscal Celsa Ramírez para que supervise “la mudanza de los bienes que se encuentren en el lugar”. La oposición de los trabajadores impidió el traslado.

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que ya hay un lugar nuevo para reubicar el taller protegido. Pero los trabajadores rechazan la oferta: “Entregar los terrenos del Borda para construir el Centro Cívico es el primer paso para arrasar con el hospital. ¿O alguien cree que van a invertir 400 millones de pesos para hacer una construcción al lado de un hospital psiquiátrico?”, dijo a Página/12 Pedro Benedit, delegado de ATE de los Talleres Protegidos.

El proyecto del macrismo consiste en construir una nueva sede para la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios, en tres hectáreas que hasta ahora pertenecen al hospital. Dentro de ese espacio está el edificio donde funciona el Taller Protegido 19 (foto), donde los pacientes internados aprenden los oficios de carpintería y herrería.

El proyecto edilicio es el resultado de un concurso de la Sociedad Central de Arquitectos y la obra –a cargo de la UTE Teximco-EMA-Dal Construcciones– costará 369,5 millones de pesos. Se trata de un complejo de cinco cuerpos (ver ilustración) diseñado por los arquitectos María Egozcue, Guillermo Vidal, Gabriela Pastorino y Simonetta Pozzolo. El macrismo pensaba financiar la obra con la venta del Edificio del Plata, pero el proyecto para aprobar esa enajenación todavía no fue tratado.

Ayer, después del intento de mudanza (o desalojo) se hicieron presentes en el hospital legisladores de la oposición. “Un desalojo sólo puede ser dictado por un juez y no por un fiscal”, expresó la diputada María Elena Naddeo. “Antes de iniciar la obra, la Legislatura tiene que aprobar el cambio de uso de ese predio”, dijo la legisladora a Página/12. “Ese dinero debe destinarse a la creación de los dispositivos para cumplir con la Ley de Salud Mental, como las casas de medio camino y hospitales de día”, agregó. El diputado Edgardo Form advirtió que “una vez más estamos ante un caso grave de doble discurso del Gobierno de la Ciudad: mientras que en todos los ámbitos llaman al diálogo y al consenso, hoy intentan desalojar a trabajadores del sistema de salud pública”. También estuvieron presentes los diputados Aníbal Ibarra y Gabriela Alegre, entre otros. Estos legisladores, junto a Fabio Basteiro y Virginia González Gass, habían presentado un recurso de amparo para frenar las obras hasta que la Legislatura se expida. La causa aún está en trámite.

El gobierno de Macri había intentado iniciar las obras por sorpresa, el 8 de agosto último, cuando personal de la empresa con efectivos de la Metropolitana ingresaron al predio a las 6 de la madrugada y rompieron el candado del taller. Pero fracasaron en su intento, por la resistencia de los trabajadores.

Desde entonces, afiliados a ATE y a la Asociación de Profesionales acampan en el predio que se pretende convertir en obra o permanecen durante la noche dentro del taller. Otros sindicatos (Médicos Municipales, UPCN y la conducción de Sutecba) apoyan la construcción del Centro Cívico.

Desde hace más de un año, un amplio sector del Borda no cuenta con suministro de gas y se utilizan estufas y termotanques eléctricos. En cuanto al Taller Protegido 19, el Ministerio de Salud porteño informó que sería trasladado a una nueva construcción, dentro del hospital. Ayer, los delegados de ATE afirmaban que la idea era llevar el equipamiento a otro espacio ubicado sobre la calle Brandsen. En la cédula judicial, llamativamente, no hay constancia del destino de la mudanza.