El Consejo Plurinacional Indígena –que reúne a organizaciones indígenas de once provincias–, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), entre otras organizaciones, cuestionan que el nuevo Código Civil incluya artículos referidos a los pueblos originarios. Exigen que, sobre la base de las leyes vigentes, se debe consultar a los pueblos indígenas, alertan que (de aprobarse como fue enviado por el Poder Ejecutivo) es un “retroceso” y reclaman que la propiedad comunitaria indígena sea legislada a través de una ley especial.

El 27 de marzo, la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentaron el anteproyecto de reforma del Código Civil. Allí se aborda la propiedad comunitaria indígena y las personerías jurídicas. Fue presentado como un avance en materia de derechos indígenas.

Al mes, el Consejo Plurinacional Indígena declaró que “la propiedad comunitaria indígena no puede quedar encorsetada en un Código Civil y debe ser reglamentada en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario. Los derechos constitucionales ganados en décadas de lucha pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”.

Firmado por, entre otros, Paz Argentina Quiroga (huarpe), Eduardo Nievas (diaguita), Félix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh) y David Sarapura (del Qollamarka de Salta), remarcaron que es necesario modificar el Código Civil, pero que con el actual proyecto “se violan los derechos de los pueblos indígenas”, y denunciaron que no se consultó a las comunidades.

El martes pasado, dirigentes del Consejo Plurinacional, APDH, AADI, Serpaj y Nora Cortiñas (Madres-Línea Fundadora) se movilizaron al Congreso Nacional. “Este Código Civil será un claro retroceso para los pueblos originarios”, alertó Ignacio Prafil, de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro, y exigió que se cumpliera con el derecho a la “consulta libre, previa e informada” vigente en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las principales críticas –además de la falta de participación indígena– son que desconoce a los pueblos indígenas (sólo menciona “comunidades”, instancia menor a pueblos en cuanto a organización política y sujeto de derecho), no legisla sobre territorio (lo acota a sólo “tierra”), desconoce a los pueblos indígenas urbanos e introduce a los pueblos indígenas como sujeto del derecho privado (los equipara a un consorcio de edificio o a una cooperativa).

El CELS, el Odhpi, el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra y la AADI presentaron ante la Comisión Bicameral un documento conjunto: “El texto del proyecto de Código Civil es inconstitucional porque contradice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos. La incorporación de la regulación del derecho indígena en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples inconstitucionalidades”.

Silvina Ramírez, presidenta de la AADI, aclaró que “las audiencias que se realizan en el Congreso no pueden ser entendidas como ‘participación indígena’. Se requieren otros procesos y otros tiempos, sujetos a las mismas leyes que el Estado sancionó y debe respetar”. Y recordó que las audiencias en el Congreso “son testimoniales” porque no son vinculantes.

El Consejo Plurinacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que los artículos referidos a los pueblos indígenas sean retirados del proyecto e impulsan una ley especial (con participación indígena) sobre la propiedad comunitaria aborigen. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y del Consejo Plurinacional, afirmó que el proyecto “es una avanzada contra el derecho indígena, el único que tiene peso jurídico para detener el modelo extractivo de las mineras, petroleras y sojeros que avanzan sobre territorio indígena”.