El macrismo frenó una vez más la reglamentación de los abortos en casos de violación. A contramano de lo que ocurre en el resto del país, donde las distintas provincias han ido avanzando con la aprobación de protocolos de atención, como pidió la Corte Suprema, ayer los legisladores del PRO firmaron un dictamen de mayoría en la Comisión de Salud de la Legislatura que lo único que propone es que el tema se siga discutiendo en comisión. El oficialismo alegó que necesita más tiempo para debatir, aunque la regulación de esa práctica se viene discutiendo en la Legislatura –a instancias de la oposición– hace más de cuatro años.

“Es evidente que no quieren pagar el costo político de mostrar en el recinto que no quieren que las mujeres accedan a un derecho, porque de lo que se trata es de reglamentar un procedimiento absolutamente legal. Antes del fallo de la Corte, cada vez que se discutió el tema en comisión votaron por el archivo. Después de esa sentencia, no pueden seguir con esa postura y decidieron dilatar la discusión”, señaló la diputada Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, a Página/12.

Ayer estaba prevista la firma de los dictámenes en la Comisión de Salud, que preside Jorge Selser, de Proyecto Sur. Los siete legisladores que el PRO tiene en ese ámbito –encabezados por el presidente del bloque Fernando de Andreis– suscribieron el despacho que plantea que el tema vuelva a comisión. Esa es la única propuesta que pudo unificar. Al interior del bloque hay distintas posiciones: desde aquellos que no quieren ni oír hablar del tema hasta quienes aceptarían una regulación, pero con más restricciones que las que estableció la sentencia de la Corte. De hecho, el oficialismo porteño presentó este año cuatro iniciativas vinculadas con la temática. Sin acuerdo, optaron por obstaculizar el debate. La oposición al PRO, en cambio, sacó un despacho de minoría, que reglamenta la atención, siguiendo los lineamientos del máximo tribunal, como resultado del consenso de varios proyectos presentados por diputadas y diputados de distintas bancadas. Ese texto fue firmado por Alegre y Mateo Romeo, del Frente para la Victoria; Selser, del Partido Socialista Auténtico; Laura García Tuñón, de Buenos Aires para Todos, y Edgardo Forn, de Nuevo Encuentro. También lo apoyaba Rocío Sánchez Andía, pero estuvo ausente porque se encontraba de viaje.

“Desde la oposición hemos trabajado mucho para llegar a un consenso; hemos discutido para elaborar este proyecto en conjunto para que la Ciudad esté en concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero el PRO no tiene la voluntad política de avanzar para que la discusión llegue a la sesión”, apuntó García Tuñón.

El despacho de mayoría lleva las firmas de los legisladores del PRO De Andreis, Lidia Saya, Lía Rueda, Carmen Polledo, Alejandro García, Gabriela Seijo y Raquel Herrero. Página/12 intentó conversar con alguno de ellos, pero no respondieron a los llamados.

Ahora la discusión pasará a las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y de Justicia. En ambas, el macrismo tiene mayoría. Si el tratamiento del tema llega al recinto, el PRO buscará imponer que vuelva a discutirse en comisión. Llamativamente, después del fallo de la Corte, que confirmó que toda mujer que resulte embarazada como consecuencia de una violación tiene derecho a interrumpir esa gestación y se le debe garantizar la práctica sin obstáculos ni exigirle una denuncia penal, la diputada Carmen Polledo manifestó en varias oportunidades a este diario que el gobierno porteño tenía voluntad política para establecer un protocolo por ley.

“El macrismo no quiere discutir nada que tenga que ver con el aborto, ni siquiera la regulación de los casos previstos en el Código Penal desde 1921 y sobre los que pidió la Corte Suprema que se implementen protocolos, en su sentencia ejemplificadora”, opinó Selser, en diálogo con Página/12.

El dictamen de la oposición surgió de la unificación de los proyectos de Alegre, García Tuñón, Fernando Sánchez (Coalición Cívica), María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular), Virginia González Gass (Proyecto Sur), María José Lubertino (FpV) y María Rachid (FpV), entre otros legisladores.

Los proyectos del PRO, en tanto, establecen más requisitos para acceder a un aborto no punible que los que fijó la Corte.