La eliminación de la intermediación en las compras destinadas a asistencia alimentaria de familias indigentes en la ciudad de Buenos Aires permitió un ahorro de entre el 40 y 50 por ciento en el presupuesto destinado a ese fin. Esa economía de recursos se logró a partir del acuerdo entre el gobierno porteño y el Mercado Central, por el cual este organismo compra los alimentos secos, frutas y verduras mediante licitaciones públicas y los entrega envasados a la ciudad, listos para repartir. La operatoria se lleva a cabo desde hace más de un año y, en ese lapso, las familias beneficiarias pasaron de 4800 a 90.000. “Hemos cortado con la historia de una tercerización parasitaria”, dijo ayer el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra, durante una recorrida realizada por el Mercado Central para supervisar el operativo.
En un galpón del Mercado, ubicado sobre la autopista Riccheri, en el partido de La matanza, 65 trabajadores embolsaban frutas y verduras, y empacan en cajas fideos, azúcar y otros 17 productos. Los paquetes forman parte del Programa Alimentario Directo, un plan asistencial para las familias porteñas que no pueden comprar una canasta básica de alimentos,que comenzó a ejecutarse a fines de enero de 2002, cuando la crisis económica alcanzaba su pico más dramático.
En ese momento, 4800 familias recibían cada mes las cajas con once productos secos y cinco frescos; con la crisis, la cifra se elevó a 78 mil y en la actualidad son más de 90 mil las familias indigentes (una 380 mil personas) que están incluidas en el programa y reciben, en total, 1800 toneladas de alimentos por mes.
“El Mercado Central hace las compras a través de una licitación y, luego de un control de calidad y sanidad, los alimentos se embalan y se distribuyen con el detalle del contenido de cada paquete; así no hay irregularidades ni clientelismo y los alimentos van directamente a las familias”, señaló Ibarra. Según el jefe de gobierno, la implementación de esta modalidad –que representa una inversión mensual de tres millones de pesos– hubo “conflicto con los intermediarios porque perdieron plata y manejo político”.
“Este programa se inscribe en una política de fortalecimiento del ingreso familiar”, dijo a Página/12 la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass, quien explicó que “cuando más de un cuarto de la población de la ciudad está por debajo de la línea de pobreza y casi 100 mil familias en situación de indigencia, todas las políticas de inclusión social obligan a prestar atención a las necesidades básicas alimentarias y a la emergencia habitacional”. Para González Gass, si bien el objetivo del gobierno es “que “a gente pueda recuperar su dignidad a través del trabajo, del desarrollo de actividades productivas y de microemprendimientos”, con los niveles actuales de pobreza, “el mecanismo de inclusión social va a llevar un tiempo”.
Además del Programa Alimentario Directo (que a partir del próximo mes incluirá cajas especiales para personas celíacas), la Secretaría de Desarrollo Social –cuyo presupuesto anual pasó de 26 a casi 50 millones de pesos– coordina la distribución de alimentos a casi 600 mil personas, mediante el programa de apoyo a grupos comunitarios, y a 7000 familias más de La Boca, Barracas y parte de San Telmo, que reciben el Vale Ciudad, un cupón que puede ser canjeado por alimentos en distintos comercios adheridos. Más de la mitad de las familias indigentes de la capital viven en Villa Lugano, Pompeya y Villa Soldati y las prestaciones alimentarias se adjudican luego de la inscripción en los CGP porteños y la realización de una entrevista con asistentes sociales.