La historia volvió a repetirse pero con tonos delirantes. La polémica jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lazcano, esta vez se dispone a terminar con los anticonceptivos de todo el país. A través de un insólito fallo, prohibió la fabricación y comercialización de los dispositivos intrauterinos (DIU) y de “los medicamentos con componentes de drogas consideradas abortivas”. La orden dirigida al Ministerio de Salud exige además “la destrucción de todos los antiabortivos en circulación”. La medida está en la misma línea de sus embestidas contra la píldora del día después y la Ley Nacional de Salud Reproductiva. En los próximos días, el Ministerio de Salud presentará una apelación al fallo que ya fue condenado por las corrientes de mujeres de todo el país, los organismos de derechos humanos, por médicos y hasta por los grupos progresistas de la Iglesia. La reacción en cadena está por derivar en un pedido de destitución. Por lo pronto, un diputado cordobés ya anunció que formalizará una solicitud de juicio político para la magistrada.
La decisión de la jueza está soportada punto a punto en un pedido de amparo presentado por una de los sectores más extremistas de la Iglesia Católica. La organización es la “Fundación 25 de marzo” y está presidida por Fernando Altamira, un joven sacerdote ligado a los sectores más ortodoxos de la Iglesia que ayer festejó el fallo con el fervor de un combate. “Para nosotros –dijo– se trata de un milagro”, porque pone a la Argentina a la “vanguardia” de los países que combaten el aborto.
Con ese espíritu encaró la demanda. En el pedido le exigió a la jueza que le ordenara al Ministerio de Salud medidas extremas contra el 97 por ciento de los productos que actualmente están en el mercado. La lista de pedidos fueron retomados en el fallo: “Revocar las autorizaciones, la fabricación, la distribución y comercialización, y ordenar el decomisado y destrucción de los productos o ejemplares que se encuentren en cualquier lugar del país de todos los fármacos o anticonceptivos, sean orales, sean inyectables, sea cualquier otra su presentación”.
En el párrafo siguiente, los vanguardistas avanzaron contra los DIU. Primero Altamira y después la jueza pidieron esas mismas medidas para los “productos o ejemplares conocidos como DIU en todas sus distintas versiones y modelos”. A continuación, hicieron una mención detallada sobre el uso y distribución de las llamadas “píldoras del día después” que a esta altura forman parte del Programa de Salud Reproductiva encarado ya en Mendoza, en Rosario y, desde el mes pasado, en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, Altamira había pedido y obtuvo: “Que se desactive, anule y prohíba para siempre todo programa de anticoncepción de emergencia en cualquier institución nacional de salud, sea que dicho programa esté ya establecido, o por establecerse, y funcionar en el futuro, así como las drogas utilizadas para estos fines”.
Para la jueza, cada una de estas herramientas van en contra del “bien lesionado en cuestión” que es “la vida”, considerada desde el “momento de la concepción”. El análisis parte de una supuesta “cuestión de fondo o sustancial” que funciona como argumento del largo listado de prohibiciones: “Todo anticonceptivo –indica– indefectiblemente es también un abortivo”. Y en la justificación de esa hipótesis está puesto todo el esfuerzo. Aseguran que toda “droga usada con esos fines” produce o efectos abortivos o efectos anticonceptivos en las mujeres y como esos efectos “no pueden disociarse porque se dan en forma conjunta por eso se solicita que sean prohibidos, incautados o destruidos”.
Diana Galimberti es una de las especialistas más reconocidas en el país y en el extranjero en cuestiones de salud reproductiva, es presidenta de la Sociedad Argentina de Salud Sexual y Reproductiva y coordinadora del Programa para el Cono Sur del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos entre otras funciones. Desde ese lugar, destruye la hipótesis que sostiene la capacidad abortiva de los fármacos. “Desde la década del ‘60 –dice–,los fármacos que inhiben la ovulación, los anticonceptivos, están aprobados por la Organización Mundial de la Salud como seguros y no abortivos”. Así están considerados en los países centrales y en ningún caso, inclusive el DIU, aclara, están considerados abortivos.
Esa será la línea con la que ahora distintas organizaciones de todos los sectores se disponen a combatir la vigencia del fallo. Ayer, en Córdoba, Liliana Vásquez, coordinadora regional de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, adelantaba parte de esa batalla: “Esta no es la posición de toda la Iglesia –le decía a Página/12–, es un acto lamentable que atenta contra todos los derechos humanos y se repite con la misma jueza de un tribunal federal”.
Quienes trabajan en pro de la reglamentación en todo el país de las leyes de salud reproductiva saben bien de qué habla Vásquez. La jueza en cuestión es la misma que el 11 de febrero pasado le prohibió al gobierno aplicar la ley en todo el territorio. Aquella medida, tal como sucederá ahora, fue apelada. Y no prosperó. Sin embargo, no era la primera vez que la jueza avanzaba contra estos temas. El 15 de octubre de 1998 dio los primeros pasos para prohibir el Imediat, de Laboratorios Gador, la píldora conocida como “del día después”. Aquella resolución terminó dos años más tarde con un fallo a favor de la Corte Suprema.
El lunes próximo, el diputado socialista Eduardo García encabezará el pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza.