El temor de que el jefe de Gobierno porteño termine vetando la flamante ley que reglamentó los abortos no punibles en la ciudad de Buenos Aires, en línea con los criterios que fijó la Corte Suprema, unió a referentes de un amplísimo arco político para reclamar la promulgación de la norma. También exhortaron a Mauricio Macri once organizaciones de derechos humanos y de las mujeres, entre otras voces. “Su veto implicaría un ejercicio antidemocrático de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y “supondría una violación a los compromisos que el Estado de esta jurisdicción tiene hacia las mujeres en materia de derechos y políticas públicas”, advirtieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto a otras entidades.

La consigna “no al veto” logró la adhesión trasversal de kirchneristas y antikirchneristas, personalidades de la cultura, la academia, el espectáculo, sindicales, organizaciones de derechos humanos y feministas. La movida incluye a los tres senadores de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus (FpV), María Eugenia Estenssoro (CC) y Samuel Cabanchik (CC); a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; a los diputados Pino Solanas (Proyecto Sur), Adela Segarra (FpV), Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro), Manuel Garrido (UCR); los cantantes Fito Páez y Adriana Varela; los actores Leonardo Sbaraglia, Juan Leyrado, Mercedes Morán y Celeste Cid; Víctor Hugo Morales, Osvaldo Bayer y Federica Pais, entre más de un centenar de firmas que acompañarán una solicitada que saldrá publicada en los próximos días.

La costumbre de jefe de Gobierno de vetar las leyes que no acompaña el PRO en la Legislatura despertó la preocupación de diversos sectores sobre el futuro de la flamante ley, sancionada el viernes último a la madrugada.

El lunes sesionó el “Parlamento de las Mujeres”, que reúne a medio centenar de ONG en la Legislatura porteña, y uno de los temas que abordó fue justamente la necesidad de que la nueva ley sea convalidada por Macri. En ese ámbito, que encabezan las diputadas María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y María José Lubertino, presidenta de la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones, se aprobó por amplia mayoría el pedido al jefe de Gobierno.

También desde la Alianza Nacional de Abogad@S por los Derechos Humanos de las Mujeres, organización que reúne a más de cien abogadas y abogados de todo el país, se sumaron a las numerosas voces que están solicitando la promulgación que garantiza el acceso de las mujeres al aborto no punible, en los supuestos contemplados en el Código Penal en el artículo 86, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en caso de violación.

Además del CELS, ELA y AI, confluyeron en la exhortación a Macri otras organizaciones de derechos humanos y de la mujer como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Foro por los Derechos Reproductivos (FORO), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar).

Con la promulgación se derogaría la resolución del ex ministro de Salud Jorge Lemus, que reguló en forma muy restrictiva el acceso a los abortos no punibles. La ley fue votada por 30 votos a favor y 29 en contra. Toda la oposición se unió para apoyarla: fue el primer tema que logró consensuar de manera unánime este año. En cambio, el macrismo y sus aliados se opusieron férreamente.

“Como defensoras de los derechos humanos de las mujeres nos congratula que la Legislatura haya aprovechado esa oportunidad y que la ley sea hoy una realidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por ello nos oponemos con firmeza a cualquier decisión del Ejecutivo porteño que no sea la de respetar de manera irrestricta lo que la Legislatura ha sancionado y rechazamos de plano un posible veto del jefe de Gobierno porteño tal como se viene preanunciando en diferentes medios de comunicación”, señalaron desde la Alianza.

En su sentencia, la Corte Suprema afirmó que todas las mujeres cuyo embarazo sea producto de una violación tienen derecho a un aborto no punible, y estableció que el único requisito exigible para su acceso es una declaración jurada. Además, el Tribunal exhortó a las jurisdicciones locales y nacionales a que sancionen protocolos de atención al aborto no punible que se ajusten a los criterios sentados en el fallo. En ese sentido, la Corte sostuvo con toda claridad que el artículo 86 del Código Penal que indica que el aborto no es punible en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando es producto de una violación, es constitucional y acorde con los tratados internacionales de derechos humanos. Es más, la Corte sostuvo que impedir u obstaculizar el acceso al aborto no punible genera responsabilidad del Estado.