“En la ciudad más rica del país se incumplen los derechos de niños, niñas y adolescentes.” Esa denuncia fue realizada ayer en la Legislatura porteña por diputados de bloques del arco opositor, trabajadores de la infancia y agrupaciones gremiales, que presentaron un video y un documento para retratar el “vaciamiento y el déficit” de las políticas públicas que provocaron el colapso del Sistema de Protección Integral y la precarización de los trabajadores de niñez. El Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano de aplicación de la Ley 114, de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, “está en emergencia porque las condiciones no son las que corresponden para cumplir los objetivos de las leyes”, advirtió la delegada del Consejo, Luciana Pandullo.

La ciudad “cuenta con uno de los mayores PBI del país” para distribuir entre sus ciudadanos; aun así, hay 65.475 niños, niñas y adolescentes pobres, indicaba la voz en off en el video emitido en la pantalla a un costado de la sala. El Consejo “sólo llega a cubrir la demanda del 20 por ciento de los casos”.

“Denunciamos el incumplimiento de la Ley 114 y exigimos el aumento de presupuesto para todas las áreas sociales del Concejo de los Derechos y la Dirección General de Niñez”, sentenció la diputada María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, ante la sala colmada.

“Ninguno de los ministerios le da prioridad a la infancia”, coincidieron los diputados Virginia González Gass y Rafael Gentili, de Proyecto Sur; Naddeo, del Frente Progresista y Popular, y Laura García Tuñón, de Buenos Aires para Todos.

La voz en off del video, intercalada con la de una niña, menciona los derechos adquiridos a través de la normativa y casos en los que esos derechos fueron vulnerados. “El 18,2 por ciento de los adolescentes pobres abandonó la escuela”, sostiene y destaca que “la política educativa del macrismo no revierte esta situación y despliega medidas que atentan contra la escuela pública, como el cierre de cursos o la intención de cambiar los planes de estudio sin la participación de la comunidad educativa que provocó la toma de escuelas”.

“Distintas áreas deben hacerse cargo. En el gobierno de Macri no se articulan porque no hay presupuesto”, sostuvo Naddeo y apuntó que hay “un retroceso en las políticas sociales en lo que va de la gestión de Mauricio Macri”. Plantear la niñez desde una “concepción integral que incluya la contención y la cobertura necesaria en la salud, la educación y la cultura” fue la propuesta de García Tuñón.

Pandullo habló en representación de los delegados de la Asociación Trabajadores del Estado. “Esta situación es una muestra más del retroceso al sistema del patronato”, sostuvo.

La situación laboral irregular de los profesionales y trabajadores también fue eje de la denuncia, ya que también forma parte del entramado de políticas “deficitarias”. Legisladores y gremialistas precisaron que en la actualidad el 48 por ciento de los trabajadores son contratados, aunque el 20 por ciento de ellos serían pasados a planta permanente a partir del próximo año. “La situación va a seguir igual porque va a haber compañeros que sigan contratados que seguramente dejen de trabajar porque no están de acuerdo con las condiciones laborales”, sostuvo Pandullo. Y ejemplificó: “En la zona sur se atienden entre 600 y 900 casos por equipo, cada equipo cuenta con doce personas”.