Un mes después de que el Senado bonaerense aprobara por unanimidad el proyecto de creación de la Policía Judicial (de ahora en más, Cuerpo de Investigadores Judiciales), la Cámara de Diputados provincial hizo lo mismo y transformó en ley la propuesta de la Comisión Provincial por la Memoria que durante meses fuera consensuada en un amplio abanico de foros públicos durante este año. La ley es un logro histórico, ya que era una deuda de los gobiernos bonaerenses desde 1994, cuando quedó inscrita su creación con la nueva Constitución provincial. Ahora, la tarea que se imponen es que no quede asfixiada por cuestiones presupuestarias o que caiga en la inercia del olvido gubernamental.

El Cuerpo de Investigadores Judiciales, que se denominará de ese modo para que no se lo confunda con una agencia policial (estará conformado por especialistas no uniformados), tuvo sanción como ley ayer, luego de que todos los bloques de Diputados bonaerenses aprobaran por unanimidad la propuesta en general presentada por la Comisión Provincial por la Memoria. Después se pasó a tratar artículo por artículo, nivel donde se plantearon disidencias que no modificaron el proyecto.

La ley que salió aprobada crea un cuerpo de investigadores no uniformados, basado en criterios de especialización y profesionalización, que tendrá competencia inicialmente en delitos complejos; los cometidos por funcionarios públicos, policías y penitenciarios; y homicidios dolosos, tal como lo planteaba el proyecto original. La modificación que terminó siendo aprobada ayer, que ya venía modificada desde el Senado por impulso del radicalismo, abre la puerta a que se vaya ampliando el abanico de competencias a medida que el organismo vaya desarrollando su actividad. El diputado por Encuentro, Marcelo Saín, por ejemplo, manifestó su disidencia en este artículo porque, igual que la CPM, consideró, en pocas palabras, que el que mucho abarca poco aprieta.

La ley establece que, en un plazo de seis meses a partir de su sanción, se deberá iniciar el proceso de designación de las autoridades que surgirán de una terna planteada por la Procuración General sobre la que un jurado seleccionará uno de los ternados en entrevista pública. El jurado estará compuesto por representación parlamentaria por mayoría y minoría, de la Procuración, del ámbito académico, y uno de las ONG dedicadas al tema. El seleccionado será presentado ante la Corte bonaerense, que lo designará o lo rechazará.

La CPM había propuesto que la Procuración, en base a un concurso público, presentara una terna que en audiencia pública en el Senado recibiría avales e impugnaciones por parte de los ciudadanos interesados. Luego, la terna sería presentada ante la Corte, que seleccionaría al director.

La fórmula de la entrevista pública, que no está legislada y no existe como parte de los procedimientos legales, generó suspicacias, frente a la audiencia pública, donde legalmente está garantizada la participación ciudadana en forma directa.

También, la ley crea un Observatorio Legislativo para el Cuerpo de Investigadores, encargado de hacer un seguimiento de los pasos para la implementación de la agencia y que además será un auditor permanente de sus actuaciones, una de las fuertes diferencias que establece el nuevo cuerpo en relación con la Bonaerense, dada su obligación de ser monitoreada y auditada exteriormente. De hecho, la Bonaerense es totalmente inmune e independiente de cualquier monitoreo extrafamiliar. Fue precisamente un monitoreo parlamentario el que determinó la catastrófica (por interesada) participación de la Bonaerense en el caso Candela (el Informe Candela) el que dio el último empujón al proyecto del cuerpo independiente de investigadores. El Observatorio, que originariamente debía estar conformado por representación parlamentaria, ONG, académicos y representantes de los empleados judiciales, terminará siendo de conformación solo parlamentaria, con representación de mayorías y minorías.

En cuanto a la formación específica de los integrantes, que no serán uniformados, será un secretario de formación quien organice, formule y desarrolle el programa de formación y especialización. No se aprobó la formación de un instituto específico, que les hubiera categorizado más la preparación y actualización de sus miembros.

La ley dispone la realización de una prueba piloto en 2013 en el departamento judicial de Mar del Plata y obliga a un funcionamiento en toda la provincia en no más de cinco años. Pero todas las obligaciones pueden ser fácilmente asfixiadas si no se les otorga el presupuesto correspondiente. Ejemplos de ese tipo abundan. Para 2013, el proyecto no tendrá presupuesto, ya que no existía cuando se votó en el Congreso. “Pero hay muchos pasos que se pueden dar sin presupuesto durante el año que viene”, dijo a este diario un asistente a la sesión de ayer.

En la CPM, autores del proyecto original, hubo aprobación por el paso dado. “Es un paso esencial en una reforma más integral para mejorar la Justicia y fortalecer la lucha contra la impunidad –dijo Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM–. Ahora que se aprobó el proyecto es fundamental lograr una buena implementación, porque no es la primera vez que buenas leyes se frustran cuando son mal llevadas a la práctica. Ahora, lo que falta, es que cambie la política de seguridad.”

En la CPM no lo dijeron. Tampoco en Diputados surgió. Pero en el ambiente sobrevolaba el recuerdo del impacto que produjo el Informe Candela y la cero transparencia que observó la comisión parlamentaria investigadora de parte de la Bonaerense en el caso. También sobrevoló el respaldo que Scioli y Casal dieron al jefe policial Hugo Matzkin dos días después, en un operativo armado pour la gallerie.

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