Una periodista de Mar del Plata, reconocida por su extensa trayectoria en el campo de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación, fue censurada por el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Gustavo Granero, quien pidió expresamente que fuera excluida como disertante en un panel. El hecho afectó a Marcela Gabioud, secretaria para América latina de la Asociación Mundial por una Comunicación Cristiana (WACC), quien denunció el episodio ante el Inadi. Organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres repudiaron la actitud del dirigente gremial. Consultado por este diario, Granero reconoció el hecho.

La periodista estaba invitada a la conferencia regional sobre “Periodismo, Sindicalismo y Equidad de Género. Una mirada hacia América latina”, en Bogotá, organizada por la FIP y otras entidades. Sin embargo, a último momento, desde la coordinación del evento le informaron a través de un correo electrónico que se cancelaba su invitación por expreso pedido de Granero, que alegó tener “diferencias de tipo institucional y personal entre la Fatpren y la Red PAR”. PAR es un colectivo de periodistas que trabajan por una comunicación no sexista en el país, al que pertenece Gabioud y quien suscribe estas líneas también. La Fatpren agrupa a sindicatos de prensa del interior del país.

Gabioud, quien tiene una extensa trayectoria en medios de comunicación, es docente universitaria y presidenta de la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Noticias (ALC noticias), consideró que la declinación de su invitación, promovida por el secretario gremial de Fatpren, está vinculada a un episodio ocurrido el año pasado, “cuando la Red PAR repudió a Granero porque su ex esposa –periodista– lo había denunciado por violencia de género y pidió que no diera conferencias ni hablara de cuestiones de género y periodismo porque él era un violento”. En ese sentido, cuestionó que se esté “usando a una institución de representación gremial” para “censurar” su presencia. Gabioud contó que tenía los pasajes de avión para viajar a Colombia. La “desinvitación” le llegó dos días antes de la fecha prevista para su panel, que tendría lugar los días 18 y 19 de octubre. La periodista participaba en la conferencia en representación de la WACC. Iba a presentar los resultados del último Monitoreo Global “Quién figura en las Noticias?” (GMMP por sus siglas en inglés), el más amplio relevamiento sobre la presencia de las mujeres en las noticias que lleva adelante cada cinco años la WACC en más de un centenar de países. Gabioud es la coordinadora del monitoreo en Argentina.

Página/12 consultó a Granero sobre el episodio. Dijo que efectivamente pidió que Gabioud fuera excluida del panel en la conferencia de Bogotá y reconoció que su decisión de censurarla tenía que ver con un comunicado de la Red PAR que se refirió a su persona. “Los integrantes de esa institución le faltaron el respeto al vicepresidente de la organización que organizaba esa conferencia. Al ser (Gabioud) de la Red PAR dije que no podía participar porque hay una ofensa institucional y hasta personal”, alegó Granero. El comunicado que hizo la Red PAR sobre su caso se difundió en noviembre del 2011 y señalaba la incompatibilidad de participar de eventos públicos contra la violencia hacia las mujeres y a la vez tener una denuncia por violencia de género tramitándose en la Justicia. Granero alegó a este diario que “esa denuncia es falsa”. Pero lo cierto es que el dirigente gremial enfrentó un proceso judicial por “amenazas” contra su ex pareja y madre de sus dos hijos, que tramitó en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires, donde el 28 de diciembre de 2011 se acordó suspender el juicio a prueba. Página/12 accedió a la sentencia. A Granero se le impuso la obligación de realizar un tratamiento con un psicólogo de cabecera de su confianza y al mismo tiempo asistir una vez por semana al Grupo de Psicoanálisis Multifamiliar del Sanatorio Julio Méndez, al menos por seis meses. El caso estuvo a cargo de la fiscalía especializada en violencia de género porteña que encabeza Genoveva Cardinali.