El gobierno de Mauricio Macri apeló el fallo de la jueza Patricia López Vergara que había suspendido el protocolo de asistencia para los casos de aborto no punibles, implementado por la gestión del PRO, y puso en vigencia una normativa con menos restricciones.

La abogada Flavia Massenzio, que patrocinó a la diputada María Rachid, junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en el amparo contra el protocolo que firmó el ex ministro Jorge Lemus, consideró que pese a la apelación, “la medida de la jueza sigue vigente”.

El amparo había sido presentado por Rachid al advertir “las contradicciones y excesos reglamentarios” que evidenciaría la resolución. Massenzio señaló: “Aún no pudimos ver los fundamentos de la apelación, porque todavía no está incorporada al expediente y la jueza no la firmó”.

La causa sigue sumando adhesiones, ya que se presentó también como parte el Ministerio Público Tutelar, representado por la asesora general tutelar, Laura Mussa, y por Mabel López Oliva. Lo hicieron “apoyando las peticiones” de Rachid y Gil Domínguez y “ampliándolas a los efectos de que se garantice el derecho al aborto no punible de las niñas, adolescentes y mujeres afectadas en su salud mental”, informó el organismo.

Mussa afirmó que “la posibilidad de las niñas y adolescentes de consentir el aborto no punible sin intervención de los representantes legales significa un reconocimiento sumamente importante de su capacidad de decisión sobre temas trascendentales para sus propias vidas”.

En tanto, la legisladora María Elena Naddeo dijo que “la apelación del gobierno de Mauricio Macri demuestra su negativa a entender que ya la Justicia se expidió sobre los casos de aborto no punibles”.

En su resolución, la jueza López Vergara consideró que el protocolo del gobierno porteño es de un “exceso reglamentario”, eliminó las restricciones para acceder a ese derecho y ratificó varios puntos aprobados por la Legislatura.