Durante mi viaje a Tucumán el martes pasado visité la Fundación María de los Angeles, dedicada al apoyo a la lucha contra el delito de trata de personas. Allí me reuní con Susana Trimarco, su titular y madre de Marita Verón, secuestrada en 2002 por una red de trata de personas y desaparecida desde entonces.

Siempre despertó mi más profunda admiración el coraje de esa mujer y su aporte a la investigación de casos de trata de personas. Por eso quise conocer su fundación y supervisar in situ el desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad federales que deben enfrentar este flagelo, verdadera esclavitud del siglo XXI.

En la ocasión le manifesté a Trimarco mi esperanza de que los responsables de la desaparición de su hija recibieran condenas rigurosas al término del juicio que se está llevando adelante. Es necesaria una sentencia ejemplar para estos delincuentes responsables de hechos terribles ocurridos con anticipación a la sanción en 2008 de la ley Nº 26.364 de prevención y sanción y de asistencia a las víctimas del delito de trata de personas.

La Cámara en lo Penal Sala II de Tucumán tiene a cargo la responsabilidad de llevar con su sentencia, el 27 de noviembre, un mensaje firme a las bandas que se dedican a explotar a personas de manera inhumana.

La trata de personas con fines de explotación laboral o sexual es un delito en el que intervienen organizaciones, muchas veces con vinculaciones transnacionales. Por eso la articulación eficaz entre la Justicia, las fuerzas públicas y las distintas jurisdicciones estatales resulta indispensable para poner fin a tanto engaño, fraude, violencia, abuso de autoridad, iniquidad para con víctimas vulnerables.

Desde el Ministerio de Seguridad pusimos en marcha políticas específicas que resultaron en un incremento de 200 por ciento de personas liberadas en los últimos dos años: 2775 víctimas fueron rescatadas en 1025 allanamientos en diversos lugares del país, con 633 de sus autores detenidos.

Nuestras evaluaciones indican que este resultado es producto directo del perfeccionamiento de los procedimientos.

A los protocolos de actuación para las fuerzas federales, que mejoraron notablemente las instancias de identificación de casos y de rescates, agregamos ahora una nueva sistematización de procedimientos para la detección en la etapa de traslado de la logística criminal, particularmente en el transporte público de larga distancia e internacional.

Estas prácticas investigativas elaboradas por los equipos del Ministerio de Seguridad se deben aplicar en los controles policiales en rutas. De ahí nuestro interés de ponerlo a consideración de los gobiernos provinciales, con el fin de extender a todas las jurisdicciones los mecanismos de intervención que ya han probado dar resultado.

En la visita al NOA pusimos a consideración de los ministros de Seguridad y de Gobierno de Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero esta necesidad de adscribir a los protocolos de lucha contra la trata de personas promovidos desde el Consejo de Seguridad Interior, que reúne a todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la Nación. Ofrecimos también programas de capacitación para las fuerzas policiales locales para contribuir a la homogeneización de prácticas vigentes en el nivel nacional.

Por eso quiero volver sobre la tarea que lleva adelante Susana Trimarco, que es un aporte desde la sociedad civil a la indispensable desnaturalización de los usos y costumbres que sirven para encubrir este delito intolerable.

Esa difusión, información y contención es una importante asistencia a la tarea que el gobierno nacional potenció decididamente desde la sanción de ley Nº 26.364.

El enfoque multiagencial, la profesionalización de las policías y la participación comunitaria son los ejes de nuestra lucha contra esta rémora del pasado que intenta colar su crueldad en el mundo globalizado.

* Ministra de Seguridad de la Nación.