“El modelo extractivista impuesto en el país es tal que nos permite hablar de ecocidio y de genocidio”, sentenció la socióloga Maristella Svampa ante Página/12, respecto de cómo impacta la extensión de la frontera agrícola y la inserción de empresas internacionales para desarrollar proyectos petrolíferos y de megaminería, entre otros, que contribuyen al “daño de la naturaleza y el avance sobre territorios de campesinos e indígenas”. Fue durante la presentación de la sentencia final del “Juicio ético a las transnacionales” que durante más de un año llevaron a cabo un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos. En el documento presentado determinan la responsabilidad de empresas y gobiernos, sostienen que hay violaciones de derechos sociales y económicos, a la salud y a un ambiente sano, en función de la Ley General Ambiental 25.675.

Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA, Río Tinto-Vale SA y Potasio Río Colorado SA, Proyecto Navidad (Pan American Silver) Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná, son las empresas investigadas y condenadas por “crímenes de lesa naturaleza”. Eso, en el marco de un modelo capitalista de “maldesarrollo” que fomenta la “mercantilización de la naturaleza”. La condena es simbólica y sólo persigue hacer públicos los efectos de estas explotaciones.

El encuentro, concretado en la Sala 5 del 3º piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados, fue promovido y ejecutado por el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, impulsado por el Centro de Investigaciones y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. “La idea del lugar tiene que ver con que queremos interpelar a todos los poderes políticos”, contó Patricia Agosto, de Pañuelos. Es que la información recabada por las Fiscalías Populares fue entregada ante la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores nacionales.

El Tribunal Etico Popular da cuenta de cómo las empresas transnacionales impactan en el territorio argentino, y de que su operatividad “no sería posible sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de Justicia, universidades y medios de comunicación”, sostienen en las 21 páginas de la sentencia final.

Como ejemplo reciente de lo que significa rechazar el modelo que denuncian, los integrantes del Tribunal mencionaron los hechos del pasado 27 de noviembre en Trelew, Chubut. Allí, integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas fueron agredidos por personas identificadas como del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), mientras se manifestaban en contra de la aprobación de un marco regulatorio de la Ley 5001 que –si se concretaba– habría permitido la instalación de emprendimientos de minería a gran escala. “Hoy podemos definir una nueva forma de represión que es la tercerización de la represión, porque no lo hace la policía ni existe un juez o un fiscal que la apruebe, sino que involucra a trabajadores contratados que son sicarios”, sacó a la luz Rodríguez Pardo. La “criminalización de la protesta social” es uno de los puntos en el apartado que hace referencia a las “violaciones de derechos civiles y políticos”.

Igual sucede, dicen, con los derechos culturales de los pueblos originarios a través de una “compleja trama” que finalmente cae en la “desapropiación de saberes ancestrales y el avance sobre su territorio”.

“Las empresas logran una licencia que no tienen”, advirtió Agosto. En ese sentido, en la sentencia señalan la decisión de no realizar consultas públicas y el “ocultamiento de información respecto de los proyectos”, así como también los “laxos controles estatales”, que figuran en el apartado que determina las responsabilidades.