El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.

Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.

Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.

También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.

Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.

La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.

Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.

Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.