“Hay que obtener consenso para sancionar una ley que prohíba la construcción de viviendas en las áreas afectadas por la inundación.” El mensaje de un grupo de expertos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) fue enunciado en el cierre de un encuentro de arquitectos y urbanistas “Para la Reconstrucción de Santa Fe”, realizado en la capital provincial. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, incluyendo algunos técnicos llegados de países vecinos, pero uno de los disertantes reveló luego que había sido una “trampita”. “En realidad –aclaró–, la ley existe desde marzo del año 2000 y nunca fue llevada a la práctica por el gobierno santafecino”. La existencia de esa ley, la número 11730/2000, fue recordada a Página/12 por un experto de la UNL que intervino en su redacción. En uno de los sectores vedados por ser inundables se levantan hoy edificios públicos como el Hospital de Niños, que aunque fue afectado por la inundación podría ser reacondicionado para seguir funcionando en el mismo lugar, a pesar del riesgo que implica. En tres años, en el área prohibida, se siguieron construyendo viviendas y edificios públicos.
Si bien el Hospital de Niños fue construido antes de la sanción de la ley, no es menos cierto que su actual emplazamiento mereció críticas antes de que fuera levantado porque se proponían otras zonas y no la de Santa Rosa de Lima, muy cercana a la cuenca del Salado. El artículo primero de la ley 11730, fechada el 16 de marzo de 2000, establece que “el régimen de uso de bienes situados en las áreas inundables dentro de la jurisdicción provincial, queda sujeto a las disposiciones” de la norma legal en cuestión. La proyección del área inundable de la provincia fue establecida en un viejo trabajo realizado en 1998 por el Instituto Nacional del Agua (INA) y su dibujo es prácticamente igual a la imagen satelital que muestra hasta dónde llegó el agua el 1º de mayo pasado.
La existencia de la ley nunca llevada a la práctica se suma a denuncias anteriores, realizadas por la UNL, por expertos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) que hablaron con Rosario/12, la edición rosarina de Página/12, y por distintas organizaciones no gubernamentales, que señalaron como causante de la inundación en la ciudad a la imprevisión de los gobiernos de Carlos Reutemann y de su antecesor, Jorge Obeid. Esto se debe a la interrupción de la tercera etapa de la construcción de la llamada defensa oeste de la ciudad, un tramo de 23 kilómetros que va de Santa Fe hasta Recreo y que recién ahora será encarada, con un costo de 45,5 millones de pesos. Las críticas han dado lugar a una serie de denuncias ante la Justicia provincial.
Ayer se sumó la presentada ante la Fiscalía de Ricardo Favaretto por un grupo de afectados que pide que investiguen la posibilidad de que el gobernador Carlos Reutemann haya incurrido en los delitos de “homicidio calificado”, por las 23 personas fallecidas en la inundación, y en la presunta “desaparición de personas”, habida cuenta de que todavía siguen sin ser ubicadas unos 20 vecinos “desencontrados” con su familia y cuyo paradero se ignora desde mediados de mayo. En la presentación, la denuncia principal apunta a la posibilidad de que se haya cometido “homicidio calificado por su función, en grado de dolo eventual”. El cargo, según los denunciantes, comprendería también a los ministros de Gobierno, Carlos Carranza, y de Obras Públicas, Edgardo Berli, y al intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez.
En un eventual juicio, podría incorporarse como prueba la existencia de la ley que prohibe la construcción en zonas inundables y que no fue tenida en cuenta por las autoridades. En el artículo 27, se señalaba que el Poder Ejecutivo –encabezado por Reutemann– debía reglamentar la ley “dentro de los noventa días” después de la promulgación, pero eso nunca pasó y la ley nunca se aplicó. La autoridad de aplicación era el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, a través de la Dirección de Hidráulica. La ley señalaba la necesidad de delimitar, por medio de la cartografía, tres áreas inundables: la I, que comprende a los cauces naturales y cuerpos de agua permanente; la II, que incluye a las vías de evacuación de crecidas, y la III, que debía definir las áreas de riesgo que no correspondían a las áreas anteriores y que debían ser definidas por los expertos en la materia mediante un análisis técnico. Una vez delimitadas las áreas, se debía notificar a los propietarios de los inmuebles para darles la posibilidad de “formular sus observaciones y oposiciones”.
Una vez cumplidos todos los requisitos formales para establecer los límites geográficos de cada una de las tres áreas, el Poder Ejecutivo debía dictar las normas tendientes a establecer que “no pueden realizarse obras, actividades ni emprendimientos públicos o privados que impidan el escurrimiento natural de las aguas”. Otro de los compromisos del Ejecutivo era el de informar a los propietarios sobre “su inclusión dentro de las áreas de riesgo” y advertir “a la comunidad que las actividades desarrolladas en estas áreas sufren de la contingencia de inundación”. Nada de eso se hizo en los años que siguieron al 2000, cuando el gobierno, algunas parroquias y muchos particulares siguieron construyendo casas en los sitios que se sabía que eran inundables y que efectivamente se inundaron. El ecologista Jorge Cappato recordó que “puede ser necesario hacer defensas y monitorear crecidas, pero más importante es dejar de construir en la cuenca del río”.