La propuesta oficial de reforma al artículo 171 del Código Procesal Penal, coherente con la permanente delegación de la totalidad de los asuntos de seguridad a la Policía Bonaerense, es de un ingenio digno de ser reconocido. Con la plena conciencia de la demanda popular de un discurso encendido de confrontación contra algún mal que personifique la inseguridad, y acudiendo como fundamento al desarme, el Ejecutivo Provincial se propone, ahora, ampliar a un extremo inédito las facultades policiales y reducir a la nada el poder de los jueces para controlar el accionar de las fuerzas de seguridad y la vigencia de las garantías constitucionales en el proceso penal. A través de la nueva norma se pretende impedir que los jueces evalúen en cada caso si existe o no un peligro concreto de obstaculización del proceso penal por parte del imputado. Se incorpora, con la reforma, un mandato de decisión para el operador judicial: “Todo aquel que tiene un arma y se resista a un operativo público de control se fugará en el futuro; por ello es obligatorio que el juez lo deje preso cautelarmente”.

La previsión de supuestos de hecho de “fuga futura segura” no sólo maniata a los jueces y les impide el ejercicio de decisión inherente a su función, sino que legaliza un protocolo de actuación policial abusiva. A partir de una reforma de este tipo, el mero testimonio policial de resistencia de un detenido bastará para impedir su futura excarcelación. Consideremos que si actualmente existen enormes dificultades para prevenir y controlar el ejercicio abusivo de las facultades policiales en su tarea diaria, esta iniciativa, lisa y llanamente, habilitará el fraguado de procedimientos y la selección policial de personas ya no para su detención transitoria sino para su permanencia en la cárcel por meses o años.

Lo que debe ser destacado de viva voz y expuesto en el Senado bonaerense y en todos los ámbitos posibles es el esfuerzo denodado de los mentores de la iniciativa por confundir a la población para lograr esquivar preceptos constitucionales básicos. La utilización del discurso de “desarme de delincuentes” para bajar las barreras constitucionales para el uso de la fuerza estatal es la mayor perversión de las verdaderas políticas de desarme. Más pobres en las cárceles no es el objetivo de las políticas de desarme. Estas, justamente, se apoyan en la necesidad del fortalecimiento de los sectores populares como actores de poder que tensionen el statu quo de la desigualdad. Sacar armas de los contextos en los que jóvenes pobres se matan entre sí es un presupuesto para el diálogo y la construcción de política para el cambio social desde las bases territoriales. El desarme está estrechamente ligado a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, más cooperativa y en la que el Estado asuma plenamente la responsabilidad de garantizar la seguridad pública.

En la asunción de este rol se inscribe también la búsqueda de limitar al mínimo indispensable la intervención violenta desde las instituciones estatales en tanto forma en que se fijan valores de referencia para la sociedad. En la vereda opuesta, la inyección de violencia por medio del encierro preventivo, que colisiona filosófica y políticamente con el desarme, en nada incidirá en la circulación de armas ilegales. Una política criminal racional no encuentra su eje en las personas que protagonizan los conflictos, sino en una intervención estratégica en la dinámica de los fenómenos delictivos de modo de contenerlos, reducirlos y si es posible reconvertirlos positivamente. La recurrente receta de estimular conductas mediante la amenaza de coerción es una excusa para evitar adentrarse en el diseño de políticas para reducir el circulante ilegal de armas.

El gobierno de la provincia no analiza la dinámica del circulante, no traza rutas, no identifica patrones, no estudia las incautaciones, no individualiza los flujos más relevantes ni las bocas de ingreso al mercado negro de las armas de fuego y mucho menos controla sus arsenales y depósitos, fuentes nodales de desvíos.

* Miembro del consejo directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, y fundador de la Red Argentina para el Desarme.