Lun 14.01.2013

SOCIEDAD  › UNA PROPUESTA PARA LOS CENTROS INTEGRALES DE LA MUJER PORTEñOS

Más atención y menos vigilancia

La diputada porteña María Elena Naddeo propone aumentar la cantidad de CIM, ampliar el número de abogados porque algunos centros están desbordados de consultas y retirar las cámaras de seguridad porque las mujeres se sienten inhibidas para denunciar.

Más Centros Integrales de la Mujer (CIM), porque sólo existen en la mitad de las comunas porteñas; más abogadas y abogados en los CIM, porque no dan abasto con los patrocinios jurídicos gratuitos; y, en los CIM, menos cámaras de seguridad, porque pueden inhibir a las mujeres que acuden a consultar por situaciones como la violencia de género. Así se resumen las propuestas que la diputada María Elena Naddeo –titular de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires– formuló en el curso de un relevamiento de estos centros, dependientes del Gobierno de la Ciudad.

“Actualmente hay siete CIM, que funcionan en distintos barrios de la ciudad. Encontramos que trabajan con muy buen nivel profesional, por ejemplo en cuanto al patrocinio jurídico gratuito que ofrecen. Pero la cantidad de estos centros no es suficiente y debiera ampliarse hasta llegar a uno por cada una de las 15 comunas de la ciudad”, sostuvo Naddeo.

La propuesta de llevar los CIM a cada comuna había sido presentada por varias entidades de la sociedad civil en el Parlamento de Mujeres –convocado el año pasado por la Legislatura porteña y en el que participan diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y con perspectiva de género–, donde fue aprobada por unanimidad; se retomó como proyecto de ley de la Ciudad. “Habría que duplicar la cantidad de servicios –afirmó Naddeo–: es un objetivo que se puede alcanzar por etapas.”

En cada CIM funciona un equipo interdisciplinario integrado por abogados/as, psicólogos/as y trabajadores/as sociales. “Es la idea de la atención integral. Ofrecen gratuitamente patrocinio jurídico, servicio social y contención psicológica. En algunos centros, como el Arminda Aberastury, también se ofrece atención psicoterapéutica para víctimas de violencia. También se hacen talleres de prevención, con las escuelas de la zona, los centros de salud, las organizaciones barriales. Se desarrollan experiencias interesantes, que debieran extenderse a toda la ciudad”, contó Naddeo.

En cuanto a la falta de profesionales del derecho, “en el CIM de Villa Lugano han tenido que suspender las admisiones de patrocinios jurídicos gratuitos porque el equipo no da abasto. Hay una sola abogada con 50 patrocinios, y las nuevas denuncias han tenido que derivarlas a CIM ubicados en otros barrios; para muchas mujeres del barrio, ese traslado constituye un problema –observó Naddeo–. En otros CIM hay por ejemplo tres profesionales para patrocinio jurídico, y cada abogada tiene 30 casos. Son profesionales con mucha capacitación, y deberán tenerla también quienes se incorporen”.

“Una dificultad para la incorporación de nuevos profesionales y para conservar los existentes, tanto abogadas como psicólogas, es que entre el 20 y el 30 por ciento no están en planta permanente, trabajan con contratos de locación de servicios y cobran salarios bajos, de unos 3000 pesos mensuales”.

Otro problema, señalado por profesionales de CIM en el relevamiento que efectúa la legisladora, es “la presencia de cámaras de seguridad en el salón de espera o en los pasillos, lo cual llega a generar inhibición en mujeres que van a atenderse. Especialmente en el Centro Malharro, de reducidas dimensiones y donde hay muchas cámaras, resulta estresante, incluso para las profesionales que allí trabajan”, explicó la diputada.

Los CIM cumplieron ya 20 años de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. “Se organizaron desde 1990 alrededor de la Dirección General de la Mujer, al calor del impulso de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que fue incorporada a la legislación argentina”, recordó Naddeo.

Los CIM reciben también demandas de patrocinio jurídico desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creada hace cinco años.

La Línea Gratuita para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales –dependiente de la Dirección de la Mujer del Gobierno porteño– es: 0800-66-MUJER, es decir, 0800-66-68537. El teléfono de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema es: 4370-4600, ints. 4510-4514. Ambos funcionan las 24 horas, todos los días del año.

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