Al comienzo de la primera semana sin línea A, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, adelantó que podría haber más novedades en el mediano plazo sobre la tarifa del subte: tras el anunciado aumento de 3,50 pesos, el gobierno porteño, dijo, evalúa modificar las tarifas del subte en horas pico “para desincentivar el uso en algunos horarios”. También proyecta aplicar una tarifa “integrada” de subte, tren y colectivo, una posibilidad que autoridades porteñas, bonaerenses y nacionales debaten en la Agencia Metropolitana de Transporte. De todos modos, Piccardo procuró aclarar que “no se está tomando ninguna decisión a corto plazo”. Por la tarde, voceros de Sbase reiteraron lo mismo a este diario, con especial énfasis en que “aún no hay nada firme”.

Aunque fue ratificada, aún no se sabe desde cuándo regirá la tarifa de 3,50 pesos para el subte porteño. El aumento aún no tiene fecha de aplicación, pero será realidad una vez que se haya concretado la audiencia pública que el Gobierno de la Ciudad ha anunciado y aún no ha convocado oficialmente.

En una entrevista radial, Piccardo explicó que, del subte A, ayer 40 formaciones de los trenes de madera se encontraban “afuera (de los túneles) y 55 adentro”. También confirmó que “de los 95 vagones, 15 los va a mantener Subterráneos de Buenos Aires para restaurarlos” y los restantes 80 tendrán “uso de distinto tipo: culturales, recreativos, de información en centros verdes” y como “centros de lectura”.

Aunque subrayó que aún el tema se encuentra bajo estudio, el funcionario mencionó opciones para reformular la aplicación de tarifas en el subte, al tiempo que señaló que “debería haber tarifa única para subte, colectivo y trenes en una banda horaria determinada”. Esa “integración tarifaria” para “que la gente privilegie la combinación entre distintos tipos de transporte” está en estudio en la Agencia Metropolitana de Transporte, la mesa de trabajo que aúna a los secretarios de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos; de la provincia de Buenos Aires, Hugo Bilbao, y de la Ciudad, Guillermo Dietrich. Sin embargo, insistió Piccardo, “todavía no hay ninguna decisión, es complejo y hay que estudiarlo mucho”.

De todas maneras, Piccardo opinó que podría aplicarse al subte un “sistema combinado” de tarifas diferenciadas de acuerdo con bandas horarias. Su aplicación podría “desincentivar el uso (del subte) en algunos horarios. Cerca del 20 al 25 por ciento (de los pasajeros) estaría dispuesto a cambiar (su horario de viaje) si tiene tarifa más económica en otro momento del día”, aseguró Piccardo.

Refería un estudio realizado sobre los usuarios del subte porteño, según el cual el 60 por ciento de ellos recurre a la red para viajar cada día hacia o desde su lugar de trabajo. Para esa mayoría de viajeros, dijo el funcionario, podría aplicarse “privilegiando a los que trabajan” y se sirven del subte para viajar. En caso de que la administración porteña decida esa tarifa diferenciada, para quienes “trabajan y utilizan el servicio todos los días”, podría aplicarse “un descuento equivalente al aumento en la hora pico”. Piccardo, de todos modos, subrayó que “no se está tomando ninguna decisión a corto plazo, se están evaluando las mejores propuestas”.

El anuncio del futuro aumento llevó al legislador porteño Alejandro Bodart (MST) a encabezar una protesta ante la Jefatura de Gobierno, donde reclamó la reestatización del subte y adelantó que “el día de la audiencia pública volveremos a movilizarnos”. Los también legisladores porteños Claudio Presman y Rubén Campos (UCR), por su parte, señalaron que “aumentar el subte otra vez es tomarle el pelo a la gente”. “Los servicios públicos deben tener una tarifa acorde con su calidad”, agregaron, antes de advertir que “no habrá audiencia pública que permita ese atropello a los usuarios”.

En el terreno judicial, la legisladora María José Lubertino insistió con una presentación para reclamar por el cierre temporal del servicio de la línea A. En un comunicado, la legisladora explicó que presentó un recurso de revocatoria ante la jueza de turno y originaria de la causa, Patricia López Vergara, ante el rechazo previo de la jueza Lidia Lago. La nueva presentación, informó, busca garantizar “la protección de los/as usuarios/as en la continuidad del servicio”. Lubertino también reiteró el pedido para que el gobierno porteño “proteja el patrimonio histórico” conformado por los trenes belgas, y los comerciantes reciban “compensación por el perjuicio económico” del cierre.