El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Damián Alejandro Sepúlveda por médicos del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora indica que murió por ahorcamiento y que no se encontraron rastros de otro tipo de violencia. El resultado fue entregado ayer, durante una audiencia realizada en la fiscalía de Pinamar, a los familiares del joven que apareció ahorcado el domingo en un calabozo de la comisaría de General Madariaga. Los familiares, acompañados por el abogado marplatense Julio Hikkilo, pidieron otras medidas de prueba que fueron aceptadas por el fiscal. “Lo ahorcaron, con la remera es imposible que se haya colgado y no tenía motivos para suicidarse”, aseguró Hikkilo a Página/12 apenas concluida la reunión con el fiscal Juan Carlos Calderón. “No es un hecho aislado, se enmarca en una profunda crisis de la Policía Bonaerense”, describió el abogado y reclamó, a través de este medio, que “el ministro Casal explique a la familia por qué lo detuvieron a Alejandro y por qué lo entregaron muerto”.

Si se trata de los datos primarios, esos que llegan para tapar baches en las urgencias periodísticas, podría decirse que el resultado de la autopsia permitió una pausa a los uniformados de General Madariaga, que sostienen la versión del suicidio. El texto del informe señala que “(...) la víctima presenta un surco de comprensión extrínseca de cuello, tenue, supratiroideo, poco profundo, ascendente, incompleto, compatible con surco de ahorcadura, de características macroscópicas compatibles con vitalidad (...)”. Lo que es compatible con el suicidio. Mientras que, tal como recitan los manuales de medicina forense, un surco horizontal y completo indicaría tracción desde atrás, compatible con el asesinato.

Pero la pausa dura poco por varios motivos. Uno es que la familia presenta dudas importantes para sospechar o, al menos, necesarias para descartar. “Aunque el cuerpo ya está a disposición de la familia, no lo vamos a retirar de Lomas de Zamora porque pedimos más pruebas”, dijo Hikkilo a este diario. “El nudo de la chomba no da. Alejandro pesaba 90 kilos, era grandote, el diámetro no da para que se anude al cuello, haga un nudo y además le quede para atarla a la reja –explicó el abogado–. Pedimos hacer un peritaje a la remera y a otros elementos. Pero además, no tenía motivos para suicidarse. No estaba medicado, no tomaba antidepresivos. No tenía problemas psiquiátricos. Trabajaba. Empezaba un trabajo nuevo con su padre. Tenía toda la vida por delante.”

El fiscal aguarda otros resultados: se levantaron muestras de ADN de la zona de rejas donde estaba anudada la remera para intentar detectar patrones que no pertenezcan a Sepúlveda. Los investigadores sostienen que el método de ahorcamiento “impresiona como un suicidio atípico”, en el que el cuerpo no aparece completamente colgado sino apoyado en sus pies. La remera de mangas largas, aseguraron, estaba atada a la reja a una altura de 1,20 metro, con otro nudo para pasar el cuello y daba la impresión de que había aprovechado el peso corporal para asfixiarse por presión al aflojar los pies. También aparecían marcas en la espalda producidas aparentemente por presión contra las rejas, lo que también exige una explicación física.

Los familiares ya se presentaron como particular damnificado y hoy se estarán reuniendo con un médico forense para analizar los resultados de la autopsia y determinar si se requieren más explicaciones. La semana próxima estarán presentando nuevos pedidos de prueba ante la jueza de Garantías de Dolores, Laura Inés Elías, ya conocida para los Bonaerenses. Precisamente hace un año, Elías denunciaba amenazas a ella y a sus familiares por su intervención en el caso del crimen de Emiliano Blanco, de 16 años, ocurrido en 1997. Blanco apareció muerto junto a las vías del tren y hace un año Elías ordenó detener a un ex comisario y un jefe de calle porque consideró probado que lo habían detenido y golpeado brutalmente los Bonaerenses. Volviendo a Madariaga, el otro motivo que, más que amenazar la pausa a los uniformados la hace imposible, no está atado al resultado de la autopsia sino directamente a una muerte provocada por una detención ilegal y por incapacidad para la custodia. Tal como reclamó Hikkilo, “no es un hecho aislado, se enmarca en una profunda crisis de la Policía Bonaerense. Está prohibido que detengan a alguien por una contravención por esto mismo que pasó. Se están sacando cientos y cientos de policías con chalecos naranjas y cuatro meses de formación porque la gente reclama seguridad. Lo que están haciendo es cambiar figuritas. Por eso, la muerte de Alejandro no es un caso policial. Es un problema profundamente político. Casal tiene que venir a explicar a la familia por qué lo detuvieron cuando está prohibido, y por qué lo entregaron muerto cuando tendrían que haberlo custodiado. Esto exige una profunda reflexión de la sociedad para exigir una policía más calificada porque con esta policía no se resuelve el problema de la inseguridad”.

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