“Prescripción de medicamentos por su nombre genérico”: esta apacible frase, en uno de los 40 artículos de un decreto al que tuvo acceso este diario, abre un nuevo capítulo en un conflicto con las empresas farmacéuticas, que se prolonga por décadas y cuyo final es incierto. El decreto abre la posibilidad (sólo la posibilidad) de un sistema que aliente la elección del paciente entre distintos fármacos con el mismo efecto, para bajar los precios. El Ministerio de Salud queda facultado también para importar medicamentos, en el marco de su conflicto con los laboratorios por “alzas injustificadas” de precios: ayer Ginés González García acusó por ese motivo al laboratorio Abbott, para el cual pidió “sanciones”. El decreto, que es de necesidad y urgencia y establece la “emergencia sanitaria” hasta fin de año, reconoce que “se encuentra afectado el sistema de provisión de medicamentos”. Además, reconoce que el PAMI está “próximo al quebranto financiero y al colapso institucional”, y autoriza a su interventor a “renegociar los contratos vigentes y fijar unilateralmente los pliegos de contrataciones”. Suspende las sentencias de cobro de pesos contra el PAMI y los agentes del Seguro de Salud.
Los fundamentos del decreto aluden a “los intolerables niveles actuales de pobreza, la crisis que afecta al mercado de la salud, la profunda parálisis productiva con su consecuente desorden fiscal y su correlato de crisis política que alcanza a los estados provinciales”. Admiten que “distintos centros asistenciales del país han visto afectado el flujo normal de suministro de productos, especialmente los de procedencia extranjera” y reconocen que “se encuentra afectado el sistema de provisión de medicamentos para pacientes internados o ambulatorios, ante la imposibilidad de acceder a éstos, así como a insumos esenciales para la salud”.
La joya del decreto es el artículo 10: “Facúltase al Ministerio de Salud para establecer un mecanismo de monitoreo de precios de insumos y medicamentos y de alternativas de importación directa, frente a posibles alzas injustificadas o irrazonables que afecten el acceso de la población a los mismos de manera que puedan poner en riesgo su salud”.
El mismo artículo faculta al Ministerio “para dictar normas complementarias tendientes a implementar: listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos; precios de referencia de insumos y medicamentos críticos; prescripción de medicamentos por su nombre genérico; sustitución de la dispensación, por parte de profesional farmacéutico, del medicamento recetado con marca registrada, por un medicamento que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y menor precio”.
Además, según el mismo artículo, “el Ministerio de Salud creará una Comisión Técnica destinada al análisis de la sustitución de medicamentos por profesional farmacéutico”.
Así, el decreto introduce una palabra que siempre erizó la piel de los laboratorios de especialidades medicinales: “nombre genérico”. Bajo su cobertura, el farmacéutico estaría autorizado a ofrecer al paciente un medicamento distinto al recetado por el médico pero que contuviera su mismo principio activo y fuese más económico. De todos modos, el decreto no pone esto en vigencia como norma, sino que faculta al Ministerio de Salud “para crear normas complementarias tendientes a implementar...”. Es decir, no es todavía una realidad sino una perspectiva.
Unido a la posibilidad de importación de medicamentos, y basado en la referencia a “alzas injustificadas o irrazonables”, el artículo 10 se sintoniza con las declaraciones que formuló ayer el ministro Ginés González García, criticando los aumentos de precios de medicamentos y censurando concretamente al laboratorio “Abbott, que incrementó notablemente los precios” y para el cual “estamos pidiendo sanciones”. Elministro precisó que “doy el nombre porque la condena social es clave para mantener los precios”.
Además, el decreto dispone agilizar el sistema de contrataciones del Ministerio de Salud, “para la provisión de los insumos críticos del área”, y concreta el proyecto de “asegurar a los jefes y jefas de hogar que se encuentran bajo la línea de pobreza la provisión de medicamentos a través de un seguro, que se estima alcanzará a cuatro millones de personas”.
El decreto admite que el PAMI está “próximo al quebranto financiero y al colapso institucional”, lo cual “ha afectado seriamente la prestación de servicios médicos y sociales a aproximadamente 3.500.000 de afiliados”. Señala que “como resultado de la grave crisis económica se ha registrado una sensible merma en la recaudación, lo que dificulta el cumplimiento de las prestaciones comprendidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
Para enfrentar esto, “resulta conveniente facultar al Interventor del PAMI para renegociar los contratos vigentes y fijar unilateralmente los pliegos de contrataciones”, así como “suspender la ejecución de las sentencias que condenen al pago de sumas de dinero” al PAMI y a los agentes del Seguro de Salud.
En su parte dispositiva, el decreto declara “la Emergencia Sanitaria Nacional, hasta el 31 de diciembre de 2002, a efectos de garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud”; uno de los objetivos es “restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas”.
Ginés García reconoció que “este año va a caer un 20 por ciento el gasto total público y privado dedicado a la salud”, a lo cual deberán agregarse “los efectos de la devaluación”.