Una de las principales curtiembres que envían efluentes a la cuenca del Riachuelo –cuyo dueño es tesorero de la Unión Industrial Argentina y presidente de la entidad Industriales para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo– “no ha cesado de verter sustancias contaminantes”, según un informe elaborado por Greenpeace Argentina. Ello incluye cantidades de cromo “doce veces superiores al límite fijado” y de materia orgánica “casi tres veces por encima de lo establecido”; en los sedimentos, “el plomo supera más de quince veces” los parámetros internacionales. El mismo empresario integra el directorio de una firma, supuestamente dedicada a tratar efluentes, que habría simplemente arrojado “una enorme cantidad de barros de cromo, sin tratar”, en un baldío adyacente. Para Greenpeace, el caso da testimonio de que “las grandes curtiembres no han asumido el compromiso de dejar de contaminar”. Pero, también, reflejaría “la falta de controles efectivos por Acumar y la falencia de los planes de reconversión industrial”. Según Greenpeace, “no hay ningún dato de mejoría en la calidad del agua del Riachuelo” desde que, en 2008, la Corte Suprema de la Nación ordenó su saneamiento.

La firma Antonio Esposito S.A. “forma parte del grupo de las principales curtiembres exportadoras del país; vende sus productos a Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos, y también distribuye cueros en todo el país. Posee cuatro establecimientos, todos en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. A pesar de contar con el Plan de Reconversión Industrial (PRI) aprobado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la empresa no ha cesado de verter en el arroyo Sarandí –en la cuenca del Riachuelo– contaminantes por encima de los valores permitidos por la normativa de Acumar, que de por sí es laxa”: así lo sostiene el informe “Cueros tóxicos II: Curtiembres. Actualización de evidencias de contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.

Greenpeace tomó muestras de efluentes de la curtiembre, situada en Gibraltar 1432, Sarandí, partido de Avellaneda: “Mientras el límite permitido de vertido de cromo es de dos miligramos por litro, las muestras arrojaron la cifra de 23,1 miligramos por litro”, precisa el informe; en cuanto a la contaminación por materia orgánica, “el límite establecido por Acumar es 250 miligramos por litro y las muestras demostraron 730 miligramos por litro”. La entidad ambientalista también tomó muestras de sedimento en la orilla del arroyo Sarandí, cerca del efluente de Antonio Esposito S.A. En este caso, al no haber legislación nacional sobre estándares de calidad de sedimentos, se consideró la legislación de Canadá, utilizada como referencia en distintos países: “El cadmio superó hasta 4,65 veces los parámetros canadienses; el mercurio, hasta 3,76; el plomo, hasta 15,68; y el cromo, hasta 27,88 veces”.

El presidente de Esposito S.A. es Aldo Rubén Esposito, también tesorero de la Unión Industrial Argentina, vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Unión Industrial de Lanús y presidente de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista, cuyo principal objetivo es “resolver sustentablemente la problemática ambiental y fomentar la responsabilidad social empresaria”. Aldo Esposito integra también el directorio de Tratamientos de Efluentes Avellaneda (TEA), “empresa que recibió barros de cromo para tratar pero, como no podía tratarlos, los enterró en el predio de al lado”, según el informe de Greenpeace.

TEA fue clausurada por Acumar en abril de 2012 por contaminar. “A partir de la constatación de que TEA disponía de manera ilegal residuos sólidos en uno de los predios lindantes, Greenpeace tomó muestras de suelo: los valores de cromo hallados superan 84 veces el límite permitido para el uso residencial de suelo, y 26 veces lo permitido para uso industrial”, sostiene el documento.

Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Riachuelo de Greenpeace Argentina, comentó que “en los últimos tiempos, muchas empresas incorporaron el discurso del cuidado de medio ambiente, que suena lindo pero, cuando uno va a ver cómo están trabajando, la realidad es muy distinta”. La ambientalista sostuvo que “las empresas deben hacerse responsables de sus vertidos y desde ya deben informar, por Internet, qué sustancias están emitiendo, cuáles son las que irán eliminando prioritariamente y en qué plazo. Este compromiso público está basado en el derecho que la gente tiene a saber qué emiten las industrias contaminantes con las que debe convivir y también permitirá establecer una línea de base, un diagnóstico general de la contaminación de la cuenca”.

En cuanto a la Acumar, “hasta hoy no les exige a las empresas que dejen de contaminar: aun cuando todas las empresas cumplieran las pautas de Acumar, el Riachuelo seguiría contaminado. La Resolución 1 de Acumar, de 2007, se limita a pedir a las empresas que sus efluentes no superen determinado porcentaje de contaminantes: así, para cumplir, la empresa no tiene más que utilizar más agua, de modo que el tóxico se diluya más, aunque la cantidad vertida sea la misma. Y la Resolución 3, de 2009, establece objetivos tan poco ambiciosos como ‘la apreciación del paisaje’ o ‘el ciclismo’ en las cercanías, pero no reconoce ningún uso para el agua, que seguirá contaminada. La Acumar tiene potestad para modificar esas resoluciones, hechas a medida de la contaminación, pero las mantiene”, afirmó Pujó.

Según la representante de Greenpeace, “no encontramos ningún parámetro para suponer que la contaminación del Riachuelo esté mejorando. Algunos sitios, donde los muestreos de 2009 habían mejorado, han vuelto a empeorar: no hay ninguna tendencia a una mejora en la calidad del agua. Por ejemplo, el oxígeno disuelto, del cual depende la posibilidad de que haya vida acuática, no presenta avances desde 2008. En 2011 había mejorado un poquito en la cuenca alta, pero en 2012 volvió a empeorar: salvo en dos puntos, en la cuenca no hay oxígeno suficiente para permitir vida acuática”.

Cueros for export

“El sector de curtiembres está dominado por un grupo de grandes empresas que, si bien adaptaron sus productos a las exigencias internacionales de calidad, no han adoptado estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas. Estas empresas aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos de los países a donde destinan sus productos, para evitar implementar estrictos controles de sustancias químicas peligrosas en los procesos productivos y sus vertidos, que en cambio sí aplican en su producto final para poder acceder a esos mercados. Entre las principales curtiembres exportadoras de la cuenca se puede mencionar a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli, Américo Gaita y Esposito. Este sector fue identificado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como uno de los más contaminantes de la Cuenca Riachuelo-Matanza”, destaca el informe “Cueros tóxicos II”, de Greenpeace Argentina.