Dos proyectos que penalizan a los clientes de prostitución ingresaron ayer al Congreso. Tal como adelantó Página/12, el senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria, presentó una iniciativa que establece penas de prisión para quien pague por sexo con víctimas de trata. Las penas van de uno a seis años de prisión y se elevan de cinco a diez años, en caso de menores. También la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa, presentó el suyo, con la firma de representantes del oficialismo y la oposición, que fija condenas para los clientes-prostituyentes de seis meses a tres años de cárcel en cualquier caso, es decir, independientemente de que se determine que haya trata para explotación sexual.

Ninguno de los dos proyectos plantea penas para las personas que son objeto del comercio sexual. “Ya apuntamos contra el tratante, ahora vamos contra la otra pata, la que genera la demanda”, sostuvo Aníbal Fernández. El senador dijo que “hay que tener mucha prudencia” en el tratamiento del tema y aclaró que su propuesta se dirige a perseguir penalmente a quien es cliente de servicios sexuales producto de un “sistema de esclavitud”.

El proyecto de Fernández ingresó a la Cámara alta como Expediente S-1306/13. El de Rodríguez, como 1509-D/13. Fernández explicó que su pretensión es “complementar” la legislación existente contra la trata de personas y “apuntar contra el cliente que sabe o que debería saber que detrás (del servicio que contrata) hay una red que esclaviza”. El legislador destacó que se trata de un tema que “discutió el mundo” y que fue presentado en Argentina en marzo de 2009 y mayo de 2010 en distintos foros internacionales y regionales y que “la ONU lo hizo propio en 2010”. “La trata, uno de los tres negocios ilegales más importantes del mundo, tiene tres ejes fundamentales: el reclutador, la víctima y el cliente. Ahora atacamos con dureza la tercera pata que es el cliente”, dijo. “Si entendemos por trata cuando alguien está obligado a prostituirse, o por engaño, amenazas o violencia, uno tiene la responsabilidad cuando participa de esa acción”, sostuvo y remarcó que “la contención de la demanda es atacando la figura del cliente”.

El senador consideró que “llegó el momento en que el que sabe o debería saber que está consumiendo prostitución de mujeres fundamentalmente en condición de trata sea penalizado por ello”. El proyecto, que modifica el Código Penal, establece penas para los clientes de prostitución de uno a seis años de prisión. Si se paga por sexo con menores de edad, están previstas penas de cinco a diez años, que no tendrían excarcelación de ninguna manera.

El proyecto de la diputada Rodríguez apunta no sólo a los clientes de personas víctimas de la trata, sino que impone penas de seis meses a tres años de prisión a todo aquel que pague “por el uso sexual de una persona”. “Está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata”, destacó Rodríguez, al explicar el fundamento de la iniciativa, que toma como modelo la política que se aplica en Suecia desde hace más de una década, donde los clientes-prostituyentes son perseguidos penalmente igual que los proxenetas.

Este no es el primer proyecto de Rodríguez en el mismo sentido. Pero nunca llegaron a debatirse en comisiones. En esta oportunidad la acompañan con su firma diputadas y diputados de un amplio arco político, entre ellos Héctor Recalde, María Elena Chieno, Nancy González, Inés Lotto, Graciela Caselles, Carmen Nebrera y Stella Maris Levenberg, del Frente para la Victoria; María Luisa Storani de la UCR; Nora Iturraspe, de Nuevo Encuentro; Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino; María Virginia Linares de GEN; y Estela Granero, de Córdoba Federal.

En los fundamentos de la propuesta se detalla que la reforma tiene como objetivo “adoptar medidas necesarias para la eliminación de la explotación sexual”.

La iniciativa tiene amplia fundamentación en legislación comparada, tratados internacionales de derechos humanos y en un informe de la ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños Sigma Huda, quien sostiene que “es extremadamente difícil, si no imposible, como una cuestión de hecho para los usuarios de prostitución, evitar usar prostitutas tratadas, aun si de buena fe ellos intentan hacerlo”.