El mismo día en que se cumplieron once años de la desaparición de Marita Verón, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana resolvió someter a jury a dos de los tres magistrados que llevaron el debate oral el año pasado. Mientras que Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano serán sometidos a la acusación, su tercer colega, Emilio Herrera Molina, de momento se encuentra exceptuado por una cautelar que lo ampara, en razón de que padece una enfermedad oncológica. La decisión del jury fue avalada por once de los doce integrantes de la comisión, con la única disidencia de Ricardo Bussi. “Estamos conformes con la acusación, es lo que hemos pedido. La lectura que podemos hacer es que, evidentemente, la Comisión de Juicio Político ha entendido que hay razones suficientes para que nosotros nos quejáramos”, dijo a este diario Carlos Garmendia, uno de los abogados de Susana Trimarco que realizaron la presentación.

Garmendia también señaló que, de todos modos, “resulta muy obvio el intento de politizar esta situación por parte de los abogados defensores de los jueces”, que procuraron “instalar que los jueces son víctimas del avasallamiento del Ejecutivo provincial”. En ese sentido, agregó, “votó también Bussi, el hijo del genocida, que en la misma tónica ha venido desde ayer (por el martes) diciendo que él iba a votar en contra del jury porque era un intento del gobierno nacional para meterse” en la coyuntura política provincial.

La decisión de la Comisión de Juicio Político fue anunciada formalmente al mediodía, aunque media hora antes uno de sus integrantes, el legislador Guillermo Gassenbauer, había dado la noticia en su cuenta de Twitter. “Con más de un mes de estudio, observando todas las pruebas pertinentes, la comisión decidió acusar a los doctores Romero Lazcano (sic) y Piedrabuena”, tuiteó Gassenbauer. Poco después, el presidente de la Comisión, Sisto Terán Nougués, leyó la acusación a las partes.

Ante la prensa tucumana, Terán resumió que la comisión consideró que durante el debate oral del año pasado “ha habido una in-idónea forma de tratamiento a las testigos vulnerables, que son las testigos víctimas de explotación sexual”. El legislador aseguró que “es evidente el desconocimiento que ha tenido el tribunal” ante el reclamo, por parte de la querella, de que respetara tratados internacionales, protocolos y convenios específicos sobre cuidados a testigos para no revictimizarlos. Los magistrados han demostrado “inclusive cierto estupor”, dijo Terán, al mencionarse la existencia de esos protocolos. De allí, aseguró, que pueda aplicarse a su actuación el concepto de “in-idoneidad sobreviniente”, porque “desafortunadamente los señores magistrados no han tenido la aptitud para llevar un procedimiento de esa naturaleza”.

“La comisión tiene la obligación moral de formular la acusación, porque es hora de que estos temas se debatan de cara a la población. Porque todos los que integramos el quehacer político tenemos un grado de responsabilidad. Creo que el tema de la trata de personas no ha merecido la atención que debiera por parte de nuestra comunidad”, dijo el legislador Terán, quien años atrás fue vicegobernador durante la gestión de Julio Miranda, a quien Susana Trimarco acusó reiteradas veces como cómplice de los Ale y quienes secuestraron a Marita. Terán también señaló que “los llamados de atención que hace sobre el tema (de la trata de personas) el papa Francisco hace que debamos reflexionar”.

El legislador Terán también criticó públicamente la valoración de la prueba que hicieron los magistrados de la Sala II de la Cámara Penal. Si una testigo dice que determinada persona “la ha violado, que ha abusado psicológicamente de ella, que le ha puesto droga, que la ha golpeado, y yo digo ‘le creo todas esas acusaciones’”, dijo, no es posible que luego esa testigo agregue “y además lo vi al señor...” y entonces: “Ah, no, eso no le creo”. Los delitos que el tribunal sí consideró probados, como la existencia de una red dedicada a la explotación sexual, “son mucho más graves que ‘vi a persona en determinado lugar’, por lo cual no se entiende esta disquisición que a mi modo de ver han formulado los magistrados”, agregó. El ejemplo refería directamente casos como la valoración de la prueba que los jueces hicieron de testimonios de víctimas rescatadas, como Fátima Mansilla.

El legislador Gassenbauer, secretario de la comisión, explicó que el jury de enjuiciamiento “nos dirá cuándo quiere que hagamos la acusación y de ahí empiezan a correr los plazos para el jury, que tiene 90 días corridos a los fines de terminar el proceso”. El jury es un cuerpo colegiado formado por un representante de la Corte Suprema provincial, cinco legisladores, un integrante del Poder Ejecutivo y un representante de los abogados.