Un dramático caso conmueve a la sociedad en El Salvador. Una joven de veintidós años reclama desesperadamente que le permitan interrumpir un embarazo para poder salvar su vida. La muchacha, madre de un niño de un año, tiene lupus e insuficiencia renal y su cuadro médico se agravó con la gestación. Se trata además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tiene posibilidades de sobrevida. Pero como en El Salvador el aborto está criminalizado –y están previstas fuertes penas–, incluso cuando se realiza por razones terapéuticas, en el hospital donde está internada no se lo quieren practicar sin la autorización de la Justicia. La mujer recurrió a la Corte Suprema, que ahora debe resolver si le otorga el permiso. El caso reavivó el debate sobre el aborto en El Salvador, uno de los cinco países en Latinoamérica donde está penalizado sin excepciones.

La joven –identificada con un nombre ficticio, Beatriz– lleva casi cuatro meses de embarazo. Hace más de un mes que el Hospital de Maternidad donde la atienden solicitó permiso para realizarle el tratamiento que necesita, es decir, el aborto o la inducción a un parto, pero las autoridades gubernamentales esperan la autorización de la Corte para dar el aval a la intervención. Organismos de derechos humanos y ONG de mujeres levantaron su voz para exigir que se le practique en forma urgente el aborto. El caso movilizó a Amnistía Internacional, que lanzó una “acción urgente”, para llamar la atención de las autoridades sobre el pedido de Beatriz. “Las autoridades en El Salvador deben, de forma inmediata, proveer a una mujer embarazada seriamente enferma tratamiento médico vital que, hasta ahora, le ha sido negado. Los médicos dicen que Beatriz podría morir su continúa con su embarazo, pero no la han tratado porque temen que si interrumpen el embarazo pueden ser procesados bajo las estrictas leyes antiaborto del país”, señaló AI, en un comunicado.

También manifestó su apoyo a la joven el coordinador de la ONU en El Salvador, Roberto Valent, quien hizo un llamado “a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias a la brevedad posible para proteger el derecho a la vida” de la joven. La mujer “sufre de una enfermedad grave y crónica que se deteriora con la progresión de su actual embarazo, con alto riesgo de muerte y que se encuentra gestando un feto con anencefalia, anomalía incompatible con la vida extrauterina”, agregó Valent.

Indiferente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y al derecho a la vida de Beatriz, la Iglesia Católica expresó su oposición a la realización del aborto. “Nos preocupa” que el caso de esta joven sea “la puerta” para “legalizar el aborto” en el país, que desde 1998 está penalizado en todas sus formas, indicó el arzobispo de la capital salvadoreña, José Luis Escobar, en su tradicional homilía dominical en la Catedral Metropolitana. “Son miles de madres” las que han muerto por practicarse un aborto “y una persona con delicada salud, como el caso de esta joven, me pregunto si eso será lo mejor para ella; por qué no cuidarla con cuidados esmerados para que esté bien de salud y al niño que está en formación y va a nacer, respetémosle su derecho a vivir”, destacó el prelado, sin tomar en cuenta ni siquiera que el feto es anencefálico y morirá a poco de nacer.

“La situación de Beatriz es apremiante y no debe esperar más. Sus posibilidades de supervivencia dependen de la decisión de las autoridades”, dijo Amnistía Internacional. “La demora es nada menos que cruel e inhumana”, denunció AI.

La ministra de Salud Pública, María Isabel Rodríguez, expresó su respaldo al pedido del aborto y advirtió que a medida que transcurre el embarazo “la insuficiencia renal que ella tiene va a avanzar”. La funcionaria afirmó además que han hecho consultas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República y ambas instituciones han dado el aval en este caso. “Estamos pendientes de la posición del aparato de Justicia del país y esperamos un amparo para que no haya ninguna penalidad contra la madre ni contra el equipo médico que hará el procedimiento”, añadió Rodríguez en una conferencia de prensa.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, dijo que en este caso existe un choque de derechos entre la vida de la madre, el feto y el hijo de un año que ya posee la joven. Sin embargo, afirmó que en este caso “creemos que debe de salvarse la vida de la madre”.

Funcionarios gubernamentales y representantes de ONG de mujeres reclamaron además que se reabra el debate por el aborto en el país. En El Salvador esa práctica médica está prohibida bajo el artículo 133 del Código Penal, con castigos de dos a ocho años de prisión y con cinco años de cárcel a quien facilite los medios para hacerlo.

“Estamos pendientes de la posición del aparato de Justicia del país y esperamos un amparo para que no haya ninguna penalidad contra la madre ni contra el equipo médico que hará el procedimiento”, agregó la ministra Rodríguez. No obstante, aclaró que “si hay una emergencia vamos a tener que proceder a realizar el aborto terapéutico”. Los otros cuatro países latinoamericanos donde el aborto está penalizado sin excepciones son Chile, República Dominicana, Nicaragua y Honduras.