En un hecho insólito, el apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza (h), denunció penalmente a los médicos que realizaron días atrás un aborto no punible en un hospital público de la provincia a una niña de 11 años que había sido violada por su papá. La intervención se hizo conforme a la ley y al fallo de la Corte Suprema de Justicia, de un año atrás, que fijó los lineamientos para la atención de los abortos no punibles. Ayer, la ONG La Casa de las Mujeres Norma Nasiff presentó un pedido ante la Justicia para que la causa se archivara, con el argumento de que no hay ningún delito y se investigue al PRO-Tucumán por incurrir en “violencia institucional” en “su intento deleznable de impedir el acceso a políticas públicas de salud que garantizan el ejercicio de derechos humanos”.

“Es una denuncia maliciosa, una reacción espasmódica ante un sector de la salud que está actuando conforme a la ley y según los lineamientos del fallo FAL de la Corte de la Nación”, consideró en diálogo con Página/12 la abogada Soledad Deza, quien junto con su colega Mariana Alvarez patrocinó la presentación judicial de Vicky Disatnik, titular de La Casa de las Mujeres. Forenza “está queriendo infundir miedo a los médicos”, advirtió Deza. Y señaló que “el acceso al aborto no punible es una cuestión de derechos humanos de las mujeres”. “El Estado como garante de la administración de la salud pública y los profesionales de la salud pública como agentes del Estado tienen obligación de garantizar el acceso rápido, seguro, permanente, inmediato y en un ambiente cómodo para la interrupción voluntaria de un embarazo producto de violación. Y eso es lo que se está haciendo en Tucumán. Sus médicos y médicas cumplen con la ley, aunque al PRO le disguste; el aborto no punible en esta provincia es accesible en la salud pública y debe seguir siéndolo”, agregó Deza.

Tucumán es una de las provincias que todavía no elaboró su propio protocolo de atención de los abortos no punibles, como pidió la Corte. Sin embargo, en los hospitales públicos se están atendiendo los casos de acuerdo con la guía que redactó la cartera nacional en 2007 y actualizó en 2010, que está en línea con la sentencia del máximo tribunal. En realidad, la realización del aborto a la niña de 11 años no debió haber trascendido. Pero la intervención se filtró desde la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, donde se llevó a cabo el 10 de abril, y la noticia fue publicada la semana pasada en el principal diario provincial, La Gaceta. En el diario se consignó hasta el número del quirófano en el que se había practicado. La información sobre la práctica médica, que es confidencial como la de cualquier otra operación a una paciente, generó la reacción del PRO. Como sucedió el año pasado cuando el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri –también del PRO–, informó sobre la inminente realización de un aborto no punible a una víctima de trata que había sido violada en su cautiverio en un prostíbulo y esa información habilitó que una ONG católica presentara un recurso de amparo para frenar la intervención.

La denuncia de Forenza (h) quedó radicada en la fiscalía de Instrucción en lo Penal de la Sexta Nominación de Tucumán, a cargo de Diego López Avila. En su presentación, el ex candidato a concejal pidió que se investigue el delito de aborto, si hubo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de parte de los médicos que asistieron a la niña. El apoderado del PRO es integrante de la Sociedad Rural de Tucumán, donde ocupa una silla en la Comisión de Aspectos Legales, Impositivos y Laborales. No es la primera vez que se ocupa de limitar un derecho: el año pasado hizo una presentación ante la Corte provincial –que fue rechazada in limine– para frenar el debate en la Legislatura tucumana de la ley que habilitó el voto a partir de los 16 años.

Desde la Alianza de Abogad@s por los DD.HH. de las mujeres –red federal que nuclea a más de cien profesionales del Derecho en todo el país– repudiaron la iniciativa del PRO y expresaron su apoyo a las y los profesionales de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes “que actuaron conforme a lo que manda nuestro Código Penal en su artículo 86 desde 1921, realizando la práctica respetando la intimidad de la solicitante, sin exigir denuncia policial ni intervención judicial”.

“Manifestamos nuestro más sincero repudio a este accionar que pretende únicamente infundir miedo a los profesionales de la salud para así lograr imponer barreras de accesibilidad o directamente impedir el acceso al aborto no punible en Tucumán”, señaló la Alianza en un comunicado de prensa.