Unos veinte pacientes del Hospital Borda resultaron afectados por la represión policial del viernes 26 de abril. El dato fue obtenido el jueves por el asesor tutelar Gustavo Moreno y será presentado el lunes en la causa penal iniciada por denuncia del funcionario, que actúa en representación de los pacientes afectados. Moreno consideró como “agravante” de los hechos denunciados que el director del hospital no haya sido notificado del procedimiento por lo cual “se hizo subrepticiamente y no permitió que se pudieran poner a resguardo los pacientes”. Ayer, además, la Defensoría General de la Nación se presentó como querellante en la misma causa. En tanto, docentes afiliados a UTE se movilizarán hoy al hospital para exigir el juicio político al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la renuncia del ministro Guillermo Montenegro y la reconstrucción del taller protegido demolido.

El asesor tutelar había enviado el lunes un oficio al director del Hospital Borda, Ricardo Picasso, solicitando un informe de los pacientes afectados por la actuación de la Policía Metropolitana. “Para acelerar el trámite, hicimos un relevamiento presencial en cada uno de los servicios y lo que más nos llamó la atención es que le preguntamos al director del hospital si estaba al tanto del operativo y él nos dijo que, por nota, había aclarado que no estaba notificado”, relató Moreno a Página/12. “Lo grave de esto es que aun cuando tenga razón el gobierno de Macri en hacer la demolición, no les dio la oportunidad a las autoridades del hospital para proteger a los pacientes”, concluyó.

Como resultado del relevamiento, el equipo de la Asesoría Tutelar detectó que además del paciente que recibió 21 impactos de bala de goma en su espalda, otros tres recibieron lesiones de proyectiles. “Además, hay un chico con problemas de adicciones que se asustó y se fue, y ahora está desaparecido, mientras que otro quiso saltar un muro y tuvo una lesión en la pierna”, informó Moreno. De acuerdo con el informe de los jefes de servicio, “otros catorce pacientes se descompensaron como consecuencia de los hechos y a cuatro de ellos hubo que aumentarle la dosis de medicación”. “En total, son veinte los pacientes afectados”, ratificó. Y anunció que el listado será presentado en el juzgado que investiga la denuncia presentada por Moreno, por desobediencia de una orden judicial, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones.

En tanto, la Defensoría General de la Nación se presentó como querellante en dos casos de pacientes heridos que son atendidos por los abogados de la Unidad de Salud Mental de ese organismo.