Mié 08.05.2013

SOCIEDAD  › UNO DE LOS ACUSADOS EN EL JUICIO LE PIDIó DISCULPAS A CAROLINA PíPARO

El arrepentido que puso Pimienta

Miguel Angel “Pimienta” Silva, acusado de marcar a la mujer embarazada, se mostró arrepentido. Carlos Moreno, reconocido como el que disparó, pidió justicia para todos. Carlos Burgos, primero señalado como el autor del tiro, insistió en su inocencia. El resto no habló.

Uno de los siete imputados por la salidera bancaria que sufrió Carolina Píparo en el 2010, y por la que debió dar a luz un bebé que murió una semana después, le pidió disculpas ayer, al hacer uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. “Si lo hubiera podido evitar, lo hubiera evitado”, dijo Miguel Angel Silva, alias “Pimienta”, quien marcó a Píparo, dentro de una sucursal platense del Banco Santander Río. También hablaron otros dos jóvenes imputados, Carlos Moreno y Carlos Burgos, quienes pidieron justicia para todas las partes. El primero llegó acusado de proveer el arma, pero terminó acusado como autor material, luego de que la víctima lo reconociera como agresor. El segundo había sido acusado de disparar y ayer el abogado querellante, Fernando Burlando, lo excluyó del pedido de pena de prisión perpetua, extendido al resto de los imputados. “Estoy arrepentido”, dijo Pimienta, quien ya había reconocido su participación en el crimen. Este marcador aparece en los videos de seguridad del banco el 29 de julio de 2010, cuando Píparo y su madre retiraron dinero del banco ubicado en las calles 7 y 42. El ataque sucedió cuando llegó a su casa, en 21 y 36. “Quiero decirle a la familia (Píparo) que tenga fuerza”, agregó el imputado, despertando el rechazo de la víctima y sus familiares, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal II, donde se desarrolla el juicio desde marzo pasado.

Carlos Moreno, de 20 años, hizo uso de la palabra sin terminar su afirmación: “El que sea inocente, que se vaya a su casa y el que no...”. El joven fue señalado como autor del disparo por Píparo durante la reconstrucción por su voz y por tener pocitos en la cara. “Simplemente justicia para todas las partes”, dijo al tribunal que preside el juez Claudio Bernard. Por su parte, Augusto Claramonte, el único de los siete imputados que llegó en libertad al juicio, pidió que se haga justicia: “Hace tres años que reclamo mi inocencia, yo sólo trabajo”. Claramonte fue acusado de dar asesoramiento legal a la banda.

“Confío en la Justicia, espero se demuestre mi inocencia”, dijo Burgos, quien había sido señalado como autor material al principio del juicio por la madre de Píparo, María Ema. El joven sufrió una crisis de angustia durante el juicio y varias veces clamó por su inocencia. Cuando la víctima aseguró que el tirador fue Moreno, su suerte cambió radicalmente, al menos frente a la querella, que ayer retiró la acusación. Sin embargo, el fiscal Marcelo Romero pidió 15 años de prisión para él porque habría integrado otra banda dedicada a las salideras bancarias.

Los otros tres imputados, Luciano López, Juan Calvimonte y Carlos Jordán Juárez, supuesto jefe de la banda, no hicieron uso de la palabra. Sí lo hicieron sus abogados. La defensora oficial Claudia Fernández, quien representa a López, pidió que en caso de condena se tomen como atenuantes la falta de antecedentes, su escaso nivel cultural y su juventud, ya que había cumplido 18 años el día antes de la salidera que sufrió Carolina Píparo. También mencionó que pericias psicológicas destacaron su rasgo narcisista, un perfil psicopático, con gran carencia afectiva.

Por otra parte, esta defensora rechazó calificar como “homicidio” la muerte del bebé que gestaba Píparo y afirmó que se trató de un aborto. “Si bien el corazón (del bebé) irrigaba, estamos en presencia de un cadáver alojado intraútero. La muerte por hipoxia ha ocurrido intrauterinamente por la lesión primaria del encéfalo”, describió. Luego remarcó: “La prolongación del tratamiento sin el objetivo de donar sus órganos llevó a una sepsis generalizada”. Por eso solicitó que, si hay condena, a López se lo castigue como partícipe secundario de “un robo calificado en poblado”.

Tanto el fiscal como la querella calificaron el hecho como un “homicidio triplemente calificado por alevosía”. Romero advirtió que “la gran discusión jurídica” es definir este punto.

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