El espacio Justicia Legítima Córdoba, integrado por jueces, fiscales, sindicalistas e intelectuales de la provincia, expresó ayer su “preocupación” por el hallazgo, en la cárcel del barrio San Martín, en la capital cordobesa, de cadenas y esposas que habrían sido utilizadas para amarrar a camastros de hierro a internos que intentaron realizar denuncias por apremios ilegales sufridos por algunos de los 700 detenidos que hay en el penal. En un comunicado, la filial Córdoba consideró que “los elementos encontrados y los testimonios recogidos” generan “la seria sospecha” de que en esa cárcel “están siendo violados derechos humanos elementales”. Al mismo tiempo, Justicia Legítima criticó la actitud de la ministra de Justicia provincial, Graciela Chayep, quien acusó al fiscal Abel Córdoba, titular de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, de haber “ingresado irregularmente” a la unidad penitenciaria, por no haber contado con una orden de allanamiento.

Los diarios de Córdoba, al referirse al tema, apoyaron en general la postura del gobierno de la provincia y hasta señalaron que el funcionario nacional, designado por la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, habría incurrido en el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sobre este punto, Justicia Legítima Córdoba pidió una “investigación seria”, a nivel provincial, acerca de los presuntos apremios ilegales contra los presos, en lugar de pretender “dirigir la mirada de la sociedad hacia el denunciante”.

Como informó Página/12 en su edición de ayer, durante una inspección judicial encabezada por el fiscal Abel Córdoba en el penal de San Martín, se comprobó la existencia de dos camastros de hierro sellados al piso y de 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una. Según afirmaron varios internos que se entrevistaron con el fiscal Córdoba, los que hacen denuncias por maltratos son llevados al hospital de la cárcel, donde se los “estaquea” a los camastros, amarrándolos de pies y manos con las cadenas y con esposas. Durante la inspección, se retiraron las cadenas y se pidió a la fiscalía federal de Córdoba que abra una investigación.

En el comunicado difundido ayer, el espacio Justicia Legítima Córdoba expresa “su preocupación ante los hechos que han tomado estado público a partir de la inspección a la Cárcel de San Martín (U.P. N 2) por parte del doctor Abel Córdoba, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal contra la Violencia Institucional, dependiente de la Procuración General de la Nación”. Agrega que “frente a un suceso que, por los elementos encontrados y los testimonios recogidos (que hoy –por ayer– tomaran estado público), genera la seria sospecha de que en dicho establecimiento penitenciario estén siendo violados derechos humanos elementales”.

Resalta que, al mismo tiempo, “resulta llamativo que la única reacción institucional en la provincia haya sido denunciar al doctor Córdoba por su actuación”. En ese sentido, expresa que “no parece casual que esta denuncia se realice contra un integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación que está a cargo de una de las nuevas procuradurías especiales creadas por la doctora Gils Carbó, precisamente para investigar los delitos más graves, como, en este caso, los relacionados con la violencia institucional”.

Justicia Legítima Córdoba recuerda que en forma reciente “por la misma razón fueron denunciados el doctor Carlos Gonella, a cargo de otra de estas Procuradurías, y la propia doctora Gils Carbó”. Señala que “sin de ninguna manera abrir juicio sobre investigaciones judiciales en curso, Justicia Legítima Córdoba observa atentamente el de-sarrollo de los acontecimientos, en la espera de que los graves hechos detectados por el doctor Abel Córdoba sean investigados seriamente, y no cubiertos con una estrategia que pretenda dirigir la mirada de la sociedad hacia el denunciante”.

En la provincia, los medios reprodujeron la denuncia publicada en Página/12, mientras que los columnistas pusieron en duda, lo mismo que el gobierno, la legitimidad del procedimiento encabezado por el fiscal Abel Córdoba, casi sin analizar el hecho puntual de las graves denuncias recibidas de parte de los internos. Como se dijo en la nota de ayer, el fiscal nacional no pudo, como era su intención, hacer una inspección similar en la cárcel cordobesa de Bouwer.

En esa unidad penitenciaria, en octubre del año pasado, dos guardias del Servicio Penitenciario de Córdoba fueron detenidos, acusados de haber golpeado, aplicado corriente eléctrica y encerrado en un horno, a un detenido. La denuncia fue dada a conocer por el fiscal cordobés Carlos Matheu, quien precisó que al interno “se le infligió un trato humillante a través de distintos golpes, pero también le aplicaron otros tormentos, como atarlo de pies y manos con cintas, encerrarlo dentro de un horno o aplicarle 220 voltios a través de generadores de corriente”.