Erradicar la trata de personas con propósito de explotación sexual es no sólo un objetivo legítimo para el Gobierno: es una obligación. Este objetivo se ha vuelto particularmente urgente al cabo del fracaso de la causa por el secuestro y la prostitución forzada de Marita Verón. Por este caso, Amnistía Internacional ha criticado la falta de políticas efectivas para combatir estos delitos.

La conclusión indiscutible es que algo se debe hacer. Ya ingresaron al Congreso dos proyectos de ley para castigar la trata de personas. Uno propone penalizar al que pague por sexo, aunque quien se lo provea sea un adulto, por su propia voluntad.

La pregunta es si sirve, en términos de políticas públicas, poner en la misma bolsa la trata con fines de explotación sexual y la compra y venta de servicios sexuales entre adultos por su propia voluntad y, más específicamente, si existe algo a lo que podamos llamar trabajo sexual voluntario.

En general, aquellos que creen que los gobiernos deben considerar la trata y el trabajo sexual como una unidad piensan que el trabajo sexual es intrínsecamente violento. Aun aquellos que dicen que lo realizan voluntariamente son en realidad forzados a hacerlo debido a desventajas circunstanciales o estructurales.

Es innegable que los trabajadores sexuales, como todas las personas, toman decisiones acerca de sus vidas y su sustento de acuerdo a su contexto. Para algunos, las oportunidades están severamente limitadas porque pertenecen a un grupo discriminado. También es innegable que la noción de intercambio de servicios sexuales por dinero es inaceptable para muchas personas. Seguramente la mayoría de los padres preferirían no ver a sus hijos ganándose la vida a través del sexo.

No está claro, sin embargo, por qué nuestra incomodidad nos lleva a ignorar las decisiones tomadas por los trabajadores sexuales. Cuando investigué el acceso a servicios de salud reproductiva en la Argentina, conversé con mujeres que se sienten fortalecidas por su trabajo sexual, porque con él tienen en alguna medida el control. Y cuando investigué la discriminación debida al VIH en República Dominicana, conocí a mujeres mortificadas porque el trabajo sexual era su única oportunidad. Los dos grupos de mujeres tomaron decisiones en contextos imperfectos, pero ninguno se beneficiaría con allanamientos en burdeles y la penalización a sus clientes. De hecho, tratar a esas mujeres como si sus elecciones no importaran difícilmente las fortalecería para superar el abuso estructural del que son víctimas.

En la Argentina, la trata y la prostitución forzadas siguen siendo problemas. Sin embargo, no todos los trabajadores sexuales son víctimas de trata o se dedican al comercio sexual contra su voluntad. Los legisladores harían bien en recordar que, para ser efectiva, una política pública debe basarse en evidencia y tener el apoyo de aquellos a los que se pretende beneficiar.

* Asesora principal de Amnistía Internacional.